Petróleo en Malvinas: Argentina y Reino Unido ya tienen fecha para enfrentarse en el Tribunal del Mar
La orden, firmada este martes por el presidente del ITLOS, el juez Maurice Kamga, llegó apenas una semana después de que el Gobierno pidiera medidas provisionales, el 13 de octubre.
El pedido tiene cuatro puntos. La Argentina quiere que el tribunal le ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de la explotación, que no use la información de la exploración en contra de los derechos argentinos, que deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y que no otorgue nuevos permisos que agraven la controversia.
El camino empezó el 28 de septiembre, cuando Javier Milei ordenó a la Cancillería iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y le dio a Londres dos semanas para frenar la explotación. El Reino Unido respondió el 11 de octubre con un rechazo. El plazo venció el 12, y al día siguiente el canciller Pablo Quirno formalizó la presentación ante el ITLOS. El escrito, de 49 páginas, lo firmó el embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, con participación de la Secretaría Legal y Técnica de María Ibarzábal Murphy.
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El yacimiento está a unos 198 kilómetros al norte de las islas, sobre un área de 541 kilómetros cuadrados. Lo explotan la israelí Navitas Petroleum, con el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%. Las dos empresas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y apuntan a producir desde el primer trimestre de 2028. Según sus últimos reportes, la perforación de la primera fase arrancaría a comienzos de 2027, y el desarrollo completo prevé 23 pozos y un buque de producción y almacenamiento.
El 21 de septiembre, una semana antes de iniciar el arbitraje, las autoridades de las islas extendieron por cinco años todas las licencias de producción de hidrocarburos de la zona, en las que participan Navitas, Rockhopper y Eco.
Cuál es la estrategia de la Argentina
La estrategia jurídica argentina gira en torno al ambiente, y la elección no es casual. Es la única vía que le permite al tribunal intervenir sin pronunciarse sobre quién ejerce la soberanía de las islas. Con apoyo en el arbitraje del Mar del Sur de China, la Argentina sostiene que la obligación de proteger el medio marino rige para todos los Estados, en cualquier zona, más allá de la disputa territorial. Y que, si el Reino Unido opera de manera unilateral, le impide cumplir esa obligación.
Para sostener la urgencia, el escrito usa documentos de las propias empresas. Recuerda una falla en un pozo cercano en 2015 y cita un plan de contingencia que presentó Premier Oil, el operador anterior. Ese plan estimaba altas probabilidades de que un derrame llegara a aguas argentinas en semanas, y una certeza casi total en el caso de un crudo más liviano. La presentación también cuestiona que ni Navitas ni Rockhopper tengan experiencia previa como operadoras de un campo offshore en producción. Además, encuadra el reclamo en el proceso de descolonización de la ONU y en las resoluciones de la Asamblea General que piden a las partes no introducir cambios unilaterales.
La respuesta británica
Londres juega en varios frentes. Confirmó ante la Cámara de los Comunes que participará del proceso y que considera vinculantes las medidas provisionales, lo que implica que acataría una eventual orden del tribunal. Pero también aclaró que el arbitraje no invalida las licencias ni obliga a frenar la actividad petrolera.
En paralelo, el gobierno británico activó su legislación de protección de intereses comerciales, que le permite blindar a sus empresas frente a regulaciones extranjeras, y advirtió que podría tomar medidas adicionales. “Serán legales, serán proporcionales y, se lo aseguro, serán contundentes”, avisó Kumaran. (APFDigital)