El jueves se definirá si va a juicio la causa por enriquecimiento ilícito atribuido a Urribarri o se hace lugar al pedido de pericias contables e informáticas
El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dictó este martes un cuarto intermendio hasta el jueves 5, cuando dará a conocer su resolución respecto del pedido de los fiscales, Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, de discutir en un juicio oral y público la pertinencia de la evidencia –profusa- que recabaron en los casi ocho años de proceso; o si decide hacer lugar al pedido de las defensas, del ex gobernador, Sergio Urribarri, a cargo de Miguel Cullen, y del empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, en manos de Ignacio Díaz y José Velázquez, de que se realicen sendas pericias oficiales y con peritos competentes, para cotejar con los informes informático y contables, que constituyen la columna vertebral de la acusación y las defensas vienen cuestionado insistentemente.
Fiscalía rechazó el pedido de las defensas porque consideró que el pedido es extemporáneo y no aporta nada nuevo al objeto de la investigación, que es determinar si Urribarri, como autor, y Cardona Herreros, como partícipe necesario, se enriquecieron ilegítimamente.
La defensa sostuvo que en instancias anteriores le señalaron que no era el momento procesal, añadiendo que esperaron para hacerlo porque no conocían en detalle los términos de la acusación. En este sentido, señalaron que se enteraron de la diferencia que habría entre los montos consignados en el informe que realizó una contadora del Ministerio Público Fiscal (MPF) y uno de parte, con el relato del hecho imputado, cuando la acusación solicitó la remisión a juicio.
La defensa de Urribarri sostuvo que es esencial para su situación que se realice una pericia contable independiente con peritos oficiales y de parte, para determinar concretamente qué montos se le atribuyen a Urribarri sin justificar, sin los que, según sostuvo, le adiciona Fiscalía sin considerar que podrían derivar de la actividad autónoma de los hijos mayores del ex gobernador.
Así, indicó que Urribarri y su esposa, Ana Lía Aguilera, vendieron en 2012 los derechos federativos de su hijo, Bruno Urribarri, ex futbolista profesional que jugó en Boca Juniors, River Plate, Atlético de Rafaela y Patronato, en Argentina, y en el exterior, en Grecia, por la suma de 1.200.000 dólares. El letrado añadió que esa transacción, seguro arrojó mayores beneficios económicos para las partes, puesto que se trató de los derechos federativos, sin considerar otras circunstancias.
Por su parte, los fiscales ratificaron la validez de los informes y la idoneidad de los profesionales del MPF que las realizaron, sostuvieron la legalidad de las medidas; resaltaron, una vez más, que las defensas nunca se opusieron y siempre fueron notificadas. (APFDigital)