Fallo reconoció la movilidad del haber jubilatorio, revocó un acto administrativo de Anses y le ordenó reajustarlo

El juez del Juzgado Federal Nº2 de Paraná, Daniel Alonso, resolvió este martes “hacer lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada por el término que exceda los dos años a la presentación de la presente acción”, hacer lugar parcialmente “a la demanda incoada, revocar el acto administrativo cuestionado, y ordenar a la demandada Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonar a CHJRD el nuevo haber y las diferencias retroactivas que surjan de la liquidación, conforme las pautas establecidas en los considerandos, con más intereses conforme la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina” en un plazo de 120 días hábiles a contar desde la fecha en que la sentencia quede firme o consentida.

El juez también declaró “la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias…, de cualquier otra norma, reglamento, circular o instructivo que se dictare en consonancia, en la medida que mantiene a las jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios sujetos al régimen de ganancias, como así también de las Resoluciones reglamentaria dictadas por ARCA al respecto con independencia de la denominación legislativa del tributo: impuesto a las ganancias, impuesto cedular o impuesto a los ingresos personales”.

Además, declaró “la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto 157/2018 por las razones dadas en el Considerando respectivo siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y declaró “la inconstitucionalidad de los Decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020. Finalmente, le impuso las costas a la demandada.

Corresponde el recalculo con los aportes realizados

En su resolución y tras evaluar las posiciones de las partes, Alonso respondió punto por punto lo que se puso a su consideración. Así, entendió que “dicho ello, corresponde que la demandada proceda a efectuar el recalculo del haber inicial computando a tal fin la totalidad de los aportes autónomos realizados, y conforme las pautas dadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los autos ‘Makler, Simón c/ Anses s/ inconstitucionalidad ley 24.463” (sentencia del 20/05/2003)”.

En el mismo sentido consideró que se debía “hacer lugar a la pretensión de reajuste de la Prestación Básica Universal (PBU), si al tiempo de la liquidación se acreditan los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo…”, y citó sentencia del 26 de noviembre de 2020, de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Movilidad garantizada por las leyes

Asimismo, en cuanto a la movilidad, y “teniendo en cuenta la fecha de adquisición del beneficio, se concluye que el principio de movilidad de los haberes se encuentra garantizado por aplicación de las Leyes 26.417, 27.426 y 27.609”, y respecto a la inconstitucionalidad articulada contra el artículo 9 de la Ley 24.463, consideró que “el Máximo Tribunal reconoció la legitimidad del sistema de haberes máximos en materia de jubilaciones y pensiones, en la medida en que hayan sido instituidos por vía normativa y siempre que la merma en el haber no resulte confiscatoria, es decir, que no sea superior al 15%...”.

Tope

Alonso analizó que “en el presente caso no se ha acreditado que en la actualidad la norma produzca al actor perjuicio alguno que justifique la medida extrema de declarar su inconstitucionalidad”. Así, rechazó la “inconstitucionalidad planteada, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del accionante de plantear nuevamente la cuestión cuando se presenten los extremos invocados precedentemente”. En el mismo sentido, dejó “al resguardo el derecho de la demandada -Anses- a reclamar la aplicación del tope que surge del antecedente ‘Villanustre’ al tiempo de efectuarse la liquidación, en caso de acreditarse los extremos necesarios para su procedencia”.

Inconstitucionalidad

En relación a la declaración de inconstitucionalidad de los Decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020, Alonso sostuvo que “elementales razones de economía procesal y de recta administración de justicia imponen revisar el criterio sostenido en causas anteriores a la luz de lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, en la causa ‘CRA contra Anses Reajustes Varios’… del 20 de noviembre de 2020, a cuyos argumentos me remito por razones de brevedad” y entendió que “en consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los Decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020 en la medida en que los incrementos allí establecidos resulten inferiores a los que hubiese correspondido de aplicar las pautas de movilidad de la Ley 27426, lo que podrá recién constatarse en forma fehaciente en la etapa de liquidación”.

Los bonos no son inconstitucionales

Alonso también entendió que “lo mismo debo decir, respecto a la declaración de inconstitucionalidad de los bonos otorgados por el gobierno nacional. En este caso, de un análisis de la causa no surgen argumentos de orden fáctico, procesal o legal, con entidad suficiente que demuestren que la aplicación de los bonos afectó notablemente a la parte actora, atento que implica una medida dictada para atenuar con la mayor premura posible una situación de vulnerabilidad de un sector importante dentro del ámbito de la seguridad social, como son los jubilados y pensionados nacionales que perciben las jubilaciones mínimas”.

En aquella línea, sostuvo que “por su parte, tampoco se encuentra acreditado como el otorgamiento de los bonos afecta las prestaciones a las que tienen derecho los jubilados y/o pensionados conforme el régimen vigente, constituido por las leyes que rigen la materia y la doctrina que ha ido delineando la Corte Suprema en aras de salvaguardar la contingencia vejez”.

La jubilación no es ganancia

Finalmente y a pesar de que las partes no lo plantearon, Alonso mantuvo “la improcedencia de que Anses efectúe retenciones en concepto de impuesto a las ganancias”. En este sentido, el juez expresó: “En el caso que nos ocupa, si bien las partes no han planteado la inconstitucionalidad del régimen del impuesto a las ganancias esta Magistratura cuenta con la atribución judicial del control constitucional”. Así, resolvió que “no puede considerarse al haber previsional como una ganancia. La ganancia es una utilidad obtenida por una prestación o una renta; y el haber jubilatorio o de pensión, no cuenta con estas características, por el contrario, su finalidad es paliar la contingencia vejez, y está financiado por los aportes efectuados durante la vida activa”.

El caso

Alonso intervino ante la presentación que realizó CHJRD, titular de un beneficio previsional otorgado conforme Ley 24241, promoviendo “demanda ordinaria contencioso administrativa, por reajuste y movilidad de sus haberes, contra la Anses.

La Anses, a través de sus apoderados, contestó la demanda, adujo “prescripción e inhabilidad de la instancia”, efectuó “las negativas de estilo” y desarrolló sobre “la determinación del haber inicial y la movilidad”. También solicitó “la aplicación de los índices previstos en la Ley N° 27.426 y 27.609 para la actualización de las remuneraciones” y refirió “a la constitucionalidad de las normas atacadas, especialmente a la constitucionalidad de la ley 24.241 y 27.541”.

También alegó “sobre la constitucionalidad de la ley 27.609 y de los bonos extraordinarios otorgados por el Gobierno nacional”, señalando que “se trata de una cuestión política no justiciable”, y asimismo, hizo “referencia sobre el principio de la progresión de los derechos”. Planteó “la validez constitucional de los topes atento su función redistributiva y de equidad…”. (APFDigital)