Ambientalistas advierten que la ley de créditos de carbono del Senado pone en riesgo los ecosistemas y las metas climáticas

(Por Cristina Rodríguez para APFDigital)

La iniciativa regula la comercialización de créditos que representan emisiones de gases de efecto invernadero evitadas o capturadas. Sin embargo, estos mecanismos permiten que las empresas compensen su contaminación sin necesidad de reducirla en origen.

Desde la AAdeAA explicaron que "el problema de fondo al comprar créditos de carbono no equivale a reducir emisiones en origen, ya que los mecanismos de compensación pueden permitir que grandes empresas contaminantes continúen emitiendo gases de efecto invernadero, mientras financian proyectos de conservación o captura de carbono en otros territorios. Además, estos sistemas presentan riesgos de especulación financiera, acaparamiento de tierras y vulneración de los derechos de comunidades indígenas y campesinas".

El texto aprobado contempla beneficios fiscales para la comercialización de créditos, incluidos diez años de estabilidad fiscal y una alícuota del 0% en derechos de exportación. Al mismo tiempo, eliminó la Reserva Estratégica Nacional de Carbono y los cupos de transferencia internacional previstos en el proyecto original, los cuales buscaban resguardar reducciones para el cumplimiento de las metas climáticas argentinas.

Frente a esto, desde la entidad sostienen que la Argentina no puede subordinar la protección de sus bosques, humedales y otros ecosistemas a su capacidad de generar créditos comercializables.

En una carta colectiva dirigida al Senado, la organización reclamó abrir el debate legislativo, incorporar la participación de organizaciones, comunidades e instituciones científicas, y establecer garantías para los territorios. "Rechazamos la aprobación de este proyecto en las condiciones actuales y reclamamos que la Cámara de Diputados abra un debate público, amplio e informado", expresaron desde la entidad, remarcando la necesidad de una verdadera política climática que priorice la reducción directa de emisiones, la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

"Convertir las emisiones en activos financieros no puede sustituir las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática", aseveraron.

Entre el mercado voluntario y las metas nacionales

Actualmente ya opera un mercado voluntario de créditos de carbono que no requiere de una ley nacional. Sin embargo, el nuevo proyecto busca fusionarlo con los mercados regulados previstos en el artículo 6 del Acuerdo de París, el cual establece el marco para que los países colaboren de forma voluntaria en la reducción de emisiones y cumplan con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), impulsando la ambición climática y el desarrollo sostenible.

Los créditos generados bajo esta lógica tienen severas implicancias para las cuentas nacionales, ya que impactan negativamente en el inventario de gases de efecto invernadero y alejan al país del cumplimiento de sus metas. El texto aprobado -que ahora deberá debatirse en Diputados- genera preocupación por los riesgos de control y deforestación.

Entre los principales cuestionamientos se encuentran las dificultades para monetizar las emisiones y las estrategias utilizadas por corporaciones para blanquear madera proveniente de la tala ilegal, acaparar tierras o plantar monocultivos forestales.

¿Qué son los mercados de carbono?

Se trata de mecanismos que permiten asignar un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales en la Argentina provienen principalmente de los sectores energético y agropecuario, según datos oficiales. En términos abstractos, otorgan un valor económico a dichas emisiones para comercializar créditos que representan reducciones o capturas.

A escala global, su diseño requirió casi diez años de discusiones multilaterales. En la práctica, suele ser complejo comprobar que las emisiones realmente se hayan evitado o que el carbono haya sido capturado. Asimismo, persiste el riesgo de que las empresas utilicen estos créditos para justificar que continúan contaminando. En países con marcos regulatorios débiles, esta normativa podría abrir la puerta a la corrupción, la deforestación y la ocupación de tierras.

Falta de institucionalidad y cuestionamientos técnicos

El proyecto busca establecer un marco regulatorio para la generación, certificación y comercialización de créditos en el país, brindando seguridad jurídica a un sector sin regulación integral y facilitando inversiones internacionales.

Sin embargo, especialistas advierten que la discusión no puede reducirse a una cuestión técnica o comercial, sino que debe subordinarse a una política robusta que garantice la integridad ambiental y los derechos de las comunidades.

Juan Carlos Villalonga, asesor en energía y cambio climático del Círculo de Políticas Ambientales, planteó en diálogo con APFDigital que, desde su diseño, el proyecto “refleja una incomprensión de los mercados de carbono” y destacó que “tanto el debate en comisión como en el plenario fueron casi nulos”. Además, señaló que la iniciativa incorpora mercados voluntarios que por definición no están regulados por los Estados.

Villalonga agregó que el Gobierno nacional carece actualmente de institucionalidad en materia de política climática: la Argentina ha tenido un desempeño muy cuestionado en las últimas cumbres del clima y continúa siendo uno de los pocos países que aún no ha actualizado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

En la misma línea, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió que los mercados de carbono permiten a las empresas compensar emisiones sin reducirlas en origen y criticó que la conservación de los ecosistemas quede subordinada a su capacidad de generar créditos comercializables, advirtiendo que el carbono almacenado en los bosques puede volver a la atmósfera debido a incendios, sequías o deforestación.

"Para que un crédito de carbono sea real, tiene que poder probarse que la reducción de emisiones ocurrió efectivamente, que no hubiera sucedido sin el proyecto, que el problema no se trasladó a otro lugar y que la mejora perdure en el tiempo", explicó Villalonga.

El especialista advirtió que cumplir con estas condiciones es muy complejo cuando los proyectos involucran bosques, suelos o selvas, precisamente lo que más se propone en el país ante la fuerte presión de empresas y consultoras internacionales atraídas por la posibilidad de monetizar los recursos naturales. "El riesgo está en verificar que los controles fallen y, en tal caso, lo que se vende es humo: certificados que no representan ninguna reducción real de emisiones, pero que permiten a quien los compra seguir contaminando como si hubiera compensado".

Finalmente, el ex diputado nacional sostuvo que la meta climática presentada por el gobierno argentino ante las Naciones Unidas tiene poca ambición, ya que propone reducir menos de lo posible. "No es casualidad: una meta laxa genera créditos sobrantes que se pueden vender, y algunos estarían inflando la meta para tener más y comercializar, no para reducir emisiones de verdad", concluyó, a la espera de que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados en las próximas semanas. (APFDigital)