Presentaron una serie de denuncias por las contrataciones realizadas en torno a los eventos por la visita de León XIV
La diputada nacional Marcela Pagano presentó varias denuncias por las contrataciones realizadas en torno a los eventos que se realizaron por la visita del Papa León XIV, y apuntó contra funcionarios nacionales y porteños.
Luego de la polémica por la carpa VIP, en ocasión de la primera misa del Sumo Pontífice en el Monumento de los Españoles, la legisladora cuestionó dicha instalación y pidió que se investigue. También puso la lupa sobre una contratación para la transmisión oficial.
Según consta en la denuncia vinculada al sector privilegiado montado en Palermo, donde personalidades del espectáculo participaron, la exlibertaria habló de la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
Pagano señaló, según publicó parlamentario.com, que "ese sector fue previsto, con carpas, catering y acomodadores" en el pliego de la contratación a la productora DF Entertainment S.A. por $8.690.000.000, y que se podría haber beneficiado a "personas que no ejercían función pública alguna ni integraban comitivas oficiales, el cuerpo diplomático o la representación de la Iglesia".
La denuncia se dirige contra los funcionarios públicos que "dispusieron, autorizaron o ejecutaron esas decisiones" y "confeccionaron la nómina de los 250 lugares asignados". "No se formula imputación contra las personas invitadas, a quienes se propone como testigos", aclaró en el escrito. Entre algunas figuras que estuvieron allí aparecen Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín, Valeria Mazza, Flor De la V y Claudia Villafañe.
Entre las medidas de prueba, la diputada solicitó que se investigue si existieron además delitos como malversación de caudales públicos, peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por otro lado, la opositora presentó una denuncia sobre posibles irregularidades en la contratación de la productora DF Entertainment para organizar la misa del Papa León XIV y la vigilia posterior, la cual se adjudicó como contratación directa por urgencia.
"Debe establecerse, entonces, en qué fecha la Administración conoció la necesidad de contratar, cuándo inició el trámite y si la urgencia obedeció a circunstancias objetivas o a la propia demora de los funcionarios. Una urgencia creada por la inacción de quien debía licitar no habilita la excepción", manifestó.
También remarcó que se debe investigar la contratación de las empresas Tech Security para la seguridad privada y Purgato S.A para la limpieza del lugar. En ese sentido, pidió que se investigue si ambas fueron adjudicadas por "intervención o la influencia de funcionarios públicos".
Las denuncias recayeron en Juzgado Federal N°5, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, y la segunda en el Juzgado Federal N°7 del juez federal Sebastián Casanello. (APFDigital)