Dictan prisión preventiva en la cárcel al acusado de intentar asesinar a su ex pareja en Santa Elena
El juez de Familia de La Paz, Raúl Flores, que subrogó al juez de Garantías, Aurelio Lell, de licencia, dispuso este viernes dictar la prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná y por el plazo de 60 días, de Miguel Ángel Kayer, que fue imputado de los delitos de Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género – Femicidio-, en grado de tentativa, en concurso real con Daño, en grado de tentativa, en perjuicio de quien era su ex pareja.
Fuentes judiciales precisaron que la audiencia se realizó este viernes desde las 11:30 por pedido de la fiscal Maria Paula Gareis, para realizar el planteo de prisión preventiva efectiva de Kayer. Los querellantes, Jose Velázquez y Christian Gómez, que no se domicilian en ciudad, fueron autorizados a participar en forma remota mediante el Sistema de Videoconferencia. La defensa, a cargo de Rodrigo Dopazo, instó la excarcelación y en subsidio, el arresto domiciliario.
Las acusaciones, según se informó, hicieron eje en la materialidad del hecho y probabilidad de autoría de Kayer. En relación a la calificación legal, entendieron que es de extrema gravedad y que la pena en expectativa para aquel delito parte de un mínimo de 10 a 15 años de prisión efectiva, lo que, entendieron, descarta de plano cualquier posibilidad de condena de ejecución condicional y constituye el primer indicador objetivo de peligro procesal.
Las acusaciones resaltaron que se pudo recabar evidencia probatoria inicial que superaría una mera sospecha, y que se está ante un cuadro probatorio contundente.
También indicaron que el ataque ocurrió el 16 de noviembre a las 10:50 en el domicilio de la víctima, inmueble que, indicaron, le fue adjudicado en el divorcio que atravesó la pareja.
Respecto de la modalidad del hecho que se trata de dilucidar, indicaron que el dolo homicida “es inequívoco”, puesto que consideraron que “Kayer la tomó de los cabellos, la pateó en la cabeza y el cuerpo, y la sujetó fuertemente del cuello ejerciendo presión, maniobra letal de estrangulamiento, mientras verbalizaba su intención: ‘Vos no vas a vivir más, yo te voy a matar’".
Fiscalía y Querella desarrollaron que la consumación del presunto ataque “no ocurrió por desistimiento voluntario, sino por circunstancias ajenas a su voluntad”. Se trató de la intervención de vecinas de la supuesta víctima ante los pedidos de auxilio de la denunciante.
Riegos procesales
Las acusaciones fundamentaron el peligro de entorpecimiento de la investigación como uno de “los puntos más fuertes, respaldado por prueba documental oficial preexistente en el fuero Civil y de Familia”. Añadieron el amedrentamiento directo y la amenaza de muerte en curso. Recordaron que al retirarse del lugar del hecho, según el relato del hecho, “Kayer le advirtió expresamente: ‘De esta no te vas a salvar’. Esta frase no es un exabrupto; es la promesa de concluir lo que las vecinas interrumpieron. Si recupera la libertad, la principal testigo y víctima queda a merced de su agresor”.
Los acusadores argumentaron que la denunciante quedó en “una incomunicación forzada como modus operandi”, señalando que “durante el ataque le arrebató y destruyó el celular, demostrando su voluntad de aislarla y evitar que pida ayuda o registre pruebas”.
Un punto fuerte de las acusaciones estribó en el supuesto uso de los hijos de la pareja. En este sentido se citó que “está acreditado en el Informe Técnico del Área Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia que Kayer utiliza sistemáticamente a sus hijos, de 13 y 7 años, para interrogarlos sobre la vida privada de su madre, preguntar qué hombres entran a la casa y mostrarles fotos, además de usar al adolescente de 13 años como mensajero para sortear las restricciones judiciales”. Ante estas aludidas situaciones, entendieron que “en libertad, intentará presionar o influir psicológicamente sobre los niños y sobre las vecinas que socorrieron a la víctima”.
Respecto del peligro de fuga y su conducta procesal, los acusadores enumeraron la gravedad de la pena en expectativa, puesto que entendieron que “frente a una pena mínima efectiva de al menos 10 años de prisión, la tentación de eludir el accionar de la justicia es altísima”.
También se indicó el incumplimiento de órdenes judiciales. En este sentido aportaron que “el imputado ya demostró que no acata las decisiones de la Justicia. En el expediente del Juzgado de Paz de Santa Elena, pesaban sobre él medidas de restricción que debieron ser prorrogadas justamente por su actitud incumplidora”. Añadieron otro Informe del ETI que “ya había advertido que Kayer incumplía las medidas, ingresaba al domicilio de la víctima sin autorización para revisar sus pertenencias y ejercía violencia en ámbitos públicos”.
En aquella línea, aportaron que “a pesar de las restricciones vigentes, el 16 de noviembre ingresó a la vivienda e intentó matarla”, por lo que sostuvieron que “cualquier medida alternativa, prohibición de acercamiento, caución, o incluso arresto domiciliario, resulta absolutamente insuficiente e inidónea para neutralizar el riesgo”.
La defensa cuestionó la medida por considerarla irracional y desproporcionada. Así propuso la libertad durante el proceso y en subsidio, el arresto domiciliario. Las acusaciones pidieron el rechazo de un arresto domiciliario en Santa Elena, por “un dato fáctico determinante: el entorno familiar directo del imputado vive al lado del domicilio de la víctima”.
Las acusaciones resaltaron que no se está “ante un hecho aislado, sino ante la culminación anunciada de una escalada de violencia crónica y documentada”. Así, consideraron que “el plazo de 60 días corridos en Unidad Penal resulta estrictamente necesario, razonable y proporcional para permitir que la Fiscalía y esta Querella produzcan la prueba crítica sin interferencias ni intimidaciones”.
Las acusaciones instaron la declaración testimonial de las vecinas que auxiliaron a la víctima y presenciaron el tramo final del ataque; pericias médicas forenses definitivas sobre las lesiones en rostro y cráneo, y pericia sobre el teléfono celular destruido; pericias psicológicas y psiquiátricas sobre el imputado, que, según se sostuvo, fueron sugeridas en julio de 2026 por el Área de Niñez y desoídas por Kayer.
Los hechos con connotaciones delictivas que la investigación pretende dilucidar habrían consistido en que “el 16 de noviembre de 2026, siendo aproximadamente las 10:50, en una vivienda ubicada en barrio Hipólito Yrigoyen, de Santa Elena, Kayer, con la intención de darle muerte a su ex pareja…, en un contexto de violencia de género, la tomó de los cabellos y le propinó reiteradas patadas en la cabeza, espalda y glúteos, mientras le manifestaba ‘vos no vas a vivir más, yo te voy a matar’".
La acusación añadió que “seguidamente, la sujetó fuertemente del cuello, ejerciendo presión, hasta que la víctima logró pedir auxilio, siendo socorrida por sus vecinas, lo que interrumpió la agresión. Antes de retirarse, Kayer le expresó ‘de esta no te vas a salvar’”. Como consecuencia, la supuesta víctima “sufrió escoriaciones en la nariz y hematomas en la sien izquierda. Asimismo, durante el hecho, Kayer le arrebató y rompió su teléfono celular, no logrando consumar su propósito homicida por circunstancias ajenas a su voluntad". (APFDigital)