SE CONFORMO UNA MESA COORDINADORA PARA PEDIR LA DEROGACION DE LA LEY DE EXPLOTACION DE ISLAS DEL DELTA

– Organizaciones sociales, partidos políticos, gremios y estudiantes, conformaron una mesa coordinadora para pedir la derogación de la ley 10092 que le da un marco legal a la explotación de las islas del delta y crea una sociedad anónima para tal fin • Bajo el lema “el Delta no se toca”, la mesa expone diferentes razones para luchar contra esta ley, una de ellas es que “autoriza al Ejecutivo a entregar las tierras fiscales”.
martes 07 de febrero de 2012 | 7:00hs.

PARANÁ, 06 FEB (APF.Digital)

Integran la Mesa Coordinadora, hasta el día de la fecha, las siguientes organizaciones: Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, F.C.Educ. UNER, Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, AGMER Paraná, CTA Paraná, Junta Americana de los Pueblos Libres / JAPL, Foro Ecologista de Paraná, Proyecto Tierra, M’Biguá, Fundación Salud, Asoc. Ambientalista “A Ñangarecó Ndereshé” (Islote Municipal Curupí), FUNDAVIDA, Foro Artiguista, Comunidad Charrúa ONKAIUJMAR, La Tribu del Salto, Frente Amplio Progresista (FAP), Partido GEN, Bloque de Diputados UCR, Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur, Partido del Trabajo y el Pueblo – PCR, Partido Socialista, Juventud Proyecto Sur, Estudiantes Proyecto Sur UADER, Coalición Cívica-ARI de Entre Ríos, Jóvenes Socialistas en el FAP, Movimiento de Trabajadores Radicales.

En un manifiesto enviado a la redacción de APF, la Mesa Coordinado expresó cinco razones para luchar por la derogación de la ley 10.092:

“Porque autoriza al Poder Ejecutivo a entregar por tiempo indeterminado todas las islas fiscales y los puertos de Entre Ríos a una Sociedad Anónima creada por 99 años, con el objeto de que lucre con ellos en beneficio particular”, observan.

“Porque elimina la protección de esas islas y abre las puertas a la destrucción de un ecosistema de diversidad biológica y cultural vital, reserva inigualable de agua dulce con capacidad de renovación de esta región del Sur de América Latina”, objetan.

“Porque autoriza la explotación intensiva y la fumigación, y constituye un latifundio para beneficio de inversores extranjeros y nacionales y de los más grandes agroindustriales de la Provincia”, sostienen.

“Porque autoriza a la Provincia de Entre Ríos a endeudarse por u$s 50.000.000 para transferirlos y favorecer a esa S.A. con obras que deberá pagar el Pueblo, garantizando dicha deuda con fondos destinados a costear escuelas y hospitales, que le corresponden por Coparticipación”, opinan.

Porque viola derechos y garantías expresas de la Constitución Provincial , en particular los que defienden la “sustentabilidad ambiental”, “la perdurabilidad de los ecosistemas”, “los humedales libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala”, “la preservación de selvas ribereñas”, “la igualdad de oportunidades”, una “equitativa distribución social de la renta”, el “aliento de la pequeña y mediana empresa” local, la “conformación de empresas de economía social basadas en los principios del bien común y la gestión solidaria” y la transparencia y la ética como “valor social que hace a la esencia del sistema republicano”, finalizan. (APF.Digital)