Instituto del CAER lo cuestionó por no invitarlos a discutir la reforma del Código y al Gobierno por lo retrógrado del proyecto

El Gobierno entrerriano comenzó a dar los primeros indicios de lo que podría ser el nuevo Código Procesal Penal de la provincia. Fue en una charla informal con periodistas de diferentes medios de Paraná que se realizó en el Centro de Convenciones de Paraná, en la zona alta del Parque Urquiza, el miércoles 3.

Del staff gubernamental participaron por la Secretaría de Justicia, su secretario, Julián Maneiro, y el funcionario, Rubén Virué, y el secretario de Legal y Técnica, Esteban Vitor, que aportaron un bosquejo de proyecto que se fue armando con las ideas y propuestas de los estamentos convocados a realizar sus aportes. Así, fueron convocados el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa; la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; el Colegio de la Abogacía; y las universidades Autónoma de Entre Ríos, Católica Argentina, Nacional del Litoral y de Concepción del Uruguay.

El gobierno presentó 20 puntos del temario tentativo para comenzar a debatir la reforma del Código Procesal Penal

La primera objeción o cuestionamiento a la iniciativa del Poder Ejecutivo (PE) partió de uno de los institutos del CAER y fue dirigida a este y al Gobierno, si bien que por motivos distintos. El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología (IDP) del CAER criticó al Colegio por no convocarlos a aportar sus ideas y al Gobierno por el tenor de la reforma, crítica se realizó desde la información que se brindó desde los medios que participaron de aquel encuentro de principios de septiembre.

El IDP sentó posición y expresó que está “integrado por abogadas y abogados litigantes de toda la provincia” y manifestó “su profunda preocupación y su sorpresa frente a la omisión del Colegio de la Abogacía de invitar a este instituto, que fue creado -entre otras cosas- para tratar esta problemática, al debate sobre la propuesta del Poder Ejecutivo de Reforma del Código Procesal Penal”.

Representación institucional diversa y con experiencia

También se resaltó que “el IDP ha participado históricamente en la identificación de deficiencias del proceso y ha aportado perspectivas técnicas y jurídicas relevantes para la mejora del sistema. Consideramos que la representación institucional debe reflejar la diversidad y la experiencia de las distintas ramas del derecho, -en este caso del derecho penal y procesal penal-, tal como se ha discutido en marcos previos y con la debida pertenencia para garantizar un debate plural y de alta calidad”.

Los penalistas agrupados en el IDP cuestionaron que “a una semana de haber tomado conocimiento por los medios de esta iniciativa y de conocerlos representantes de cada estamento para participar del debate, seguimos sin haber recibido invitación a participar del mismo de parte del CAER. Según el temario propuesto por el PE para modificar el Código (conforme surge de las informaciones periodísticas) la reforma propuesta importa un serio retroceso en los derechos y garantías de los Entrerrianos”.

Un proyecto con herramientas para disminuir el Estado de Derecho

El IDP expresó que “la intención de limitar aún más la función de los jueces y juezas de garantías, la posibilidad de recurrir los fallos de NO CULPABILIDAD de los jurados populares (eliminando la esencia misma del Juicio por Jurados), aumentar la desigualdad de armas ya existente entre la acusación y la defensa, son herramientas para disminuir un Estado de Derecho y este Instituto (y nuestro Colegio) no debe consentir con el silencio el retroceso que esto implica”.

El Instituto destacó que “a través de los años y con distintas conformaciones el Instituto presentó proyectos de modificación del Código Procesal Penal, y acompañó el proyecto presentado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos  luego de un profundo debate (al que sí nos invitaron y del que participamos), todos proyectos e iniciativas que intentaban resguardar el Estado de Derecho”.

Finalmente se sostuvo: “No bajaremos los brazos a la hora de hacer sentir nuestra voz en todo lo que signifique fortalecer y mejorar las instituciones democráticas y fortalecer el Estado de Derecho en el que vivimos”. (APFDigital)