Universidades en pie de lucha: paro nacional por el financiamiento educativo

La protesta, que contará con el apoyo de organizaciones estudiantiles y sociales, responde a la inacción del Poder Ejecutivo frente a una norma que ya fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, incluso tras haber sido vetada previamente por el presidente Javier Milei.

Desde la Federación de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), el secretario general Ricardo Mozzi expresó su malestar por la demora oficial. “Hoy es el último día para promulgar la ley y el silencio es total. Senadores y Diputados ya la aprobaron y rechazaron el veto. ¿Qué más falta?”, se preguntó el dirigente.

Mozzi también cuestionó la política económica del gobierno nacional: “Mientras el Presidente sigue enfocado en endeudar al país en dólares para beneficiar a unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de pobreza”. En ese marco, la UTN suspenderá todas sus actividades académicas tanto el martes como el miércoles en sus 30 facultades.

Qué propone la Ley de Financiamiento Universitario

La iniciativa legislativa contempla la reapertura de paritarias para docentes y nodocentes, congeladas desde octubre de 2024; el aumento de partidas para gastos operativos, becas estudiantiles y programas de investigación científica; y la creación de un fondo de $10.000 millones —ajustado anualmente por inflación— destinado a fomentar el ingreso a carreras estratégicas.

De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal del proyecto rondaría los $1,96 billones, representando aproximadamente el 0,23% del PBI.

Otras leyes vetadas también fueron rechazadas

En la misma sesión legislativa donde se insistió con la ley universitaria, el Senado también desestimó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan. Esta normativa busca garantizar recursos urgentes para el sistema de residencias médicas y mejoras salariales para el personal de salud.

El costo estimado de esta última medida sería de $133.433 millones anuales, según datos de la OPC.

Con estas acciones, las universidades y sectores de la salud profundizan su presión sobre el Gobierno, que continúa sin dar señales concretas de respuesta ante reclamos considerados urgentes por amplios sectores de la sociedad. (APFDigital)