Un Estado que mira para otro lado en casos judicializados por adicciones y vulnerabilidad social

El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, resolvió el martes 23 a la mañana, prorrogar la prisión preventiva de Antonio Alberto Escobar y Dante Ismael Oroño, por 50 días en la Unidad Penal Nº1. Ambos están imputados por el ataque -aparentemente con el objetivo de robarles-, a un hombre que vendía choripanes y a otra persona que estaba en el lugar. El caso fue subsumido en primera instancia en la figura de Homicidio tentado, pero luego se recalificó a Robo agravado.

La medida fue acordada por una defensa pero no por la otra. La de Oroño, en manos del defensor público, Sebastián Ludi, acordó la medida solicitada por la fiscal, Paola Farinó, de 50 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú, que se consideró la más adecuada para alojar a un interno con problemas de salud mental y que tiene antecedentes penales computables y cumplió condena en la UP Nº1.

La fiscal también precisó que Oroño tiene causas en trámite que se sustancian en otros legajos, por hurtos y robos en grado de tentativa, que se van a remitir a juicio ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones, en audiencia. Fundó los riesgos procesales en que no tiene domicilio, vive en situación de calle y tiene una situación familiar vulnerable, además de la condena referida. Añadió que la prognosis de la pena sería de cumplimiento efectivo. 

La medida regirá hasta el 16 de febrero de 2026. Se consideró que están vigentes los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. 

El defensor recordó que el 12 de este mes solicitó a Fiscalía que se inste a que se aloje a Oroño, que está en tratativas para cerrar su situación mediante un juicio abreviado, en la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú, porque sería el lugar más adecuado para su situación de salud mental. Además resaltó que el joven ha tenido intentos de suicidio por los que se solicitó turno en el Hospital Escuela de Salud mental de Paraná para que se determine si debía continuar en prisión o en el nococomio. También se pidió un informe a la UP Nº1 que aún no fue respondido, según consignó el defensor.

Por su parte, el defensor público, Rodrigo Juárez, que subrogó a su par, Fernando Callejo, en asistencia de Oroño se opuso al pedido de Farinó, que había solicitado la revocación de la prisión domiciliaria que le impuso el juez de Garantías, Julián Vergara, y su par, Eduardo Ruhl, la revocó el 7 de diciembre; porque había transgredido la prohibición de salir de la vivienda. 

El defensor precisó que el imputado se había ausentado de la casa por un plazo de dos horas porque salió a buscar comida en función de la situación de vulnerabilidad que se encuentra atravesando con su pareja, que estuvo presente en la audiencia. Añadió que Escobar fue detenido por la Policía, que había pasado instantes antes cuando comprobó en incumplimiento, cuando regresaba a su casa con un trozo de carne y un par de hortalizas que había hallado en un contenedor. También consignó que no tiene antecedentes. 

Juárez solicitó que se le prorrogara la medida de coerción en la misma modalidad y condiciones en la que la venía cumpliendo, con el aditamento de la tobillera electrónica, habida cuenta las circunstancias de atenuación que entendió debían ser consideradas por el juez de Garantías para conceder la prórroga tal cual la venía cumpliendo y no como circunstancias fundantes de la revocación del beneficio. No fue así. Zoff dispuso ambas prórrogas tal cual las había solicitado la fiscal. Así, Oroño será trasladado a Gualeguaychú y Escobar a la cárcel de Paraná.

No es la primera vez que el fuero penal muestra cierta indiferencia ante situaciones sociales de evidente vulnerabilidad, ya sea por adicciones o cuestiones económicas o por serios problemas de salud mental, como en este caso. Así, comienza a quedar cada vez más explícito que la única respuesta que tiene el Estado para ciudadanos en situación de vulnerabilidad en conflicto la con ley, es la Unidad Penal. 

No son pocos los casos en los que se dictan resoluciones en las que se prescriben tratamientos que luego son muy difíciles de concretar. En el caso de las adicciones, los lugares de rehabilitación o de contención de las personas judicializadas en casi nulo. Solo está la oferta privada que, según deslizaron fuentes judiciales, roza los 1.000 dólares. 

Otras fuentes judiciales consultadas indicaron que en materia de salud mental la situación no es mejor. El Hospital Escuela de Salud Mental no está preparado ni es su responsabilidad, aunque lo hace, contener y custodiar a personas judicializadas, incluso con problemas de adicción severos. Se añadió que la otra “oferta” estatal es la de la unidad pena de Federal que cuenta con un pabellón para internos psiquiátricos. Se añadió que oferta privada es casi inexistente.  

El hecho

El hecho que se les imputa a Oroño y Escobar consistió en que "el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 1:00 aproximadamente, en circunstancias en que Hofstetter Mario Aníbal se encontraban en inmediaciones de calle Cocuzza y Héctor Pajarito de la ciudad de Paraná, vendiendo choripanes y en compañia de Brites Gustavo Daniel, Muñoz Carlos Damián y Andres Benedetich, se hicieron presentes Escobar y Oroño, quienes en connivencia y de común acuerdo le pegaron con una botella de cerveza en la cabeza a Benedetich, luego de lo cual uno de ellos se dirigió hacia Hofstetter y comenzó a agredirlo con una botella y una cuchilla mientras le pedía plata, logrando extraer del bolsillo de su pantalón la suma aproximada de $60.000, oportunidad en la que le asestó puntazos en distintas partes del cuerpo, ocasionándole tres heridas en abdomen y dos en muslo; mientras que el otro amenazaba a Brites y Benedetich con pegarles un tiro para evitar que defendieran a Hofstetter; dándose finalmente a la fuga al advertir la presencia del personal policial, que logra la aprehensión de Escobar y Oroño en inmediaciones del lugar". (APFDigital)