Diputados justicialistas exigen informes sobre la nueva IA de salud mental en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones detalladas sobre ORI, el agente de inteligencia artificial recientemente incorporado a la plataforma "Mi Entre Ríos".

La iniciativa, impulsada por la diputada justicialista Silvia del Carmen Moreno y acompañada por el bloque de la oposición, pone la lupa sobre el sustento científico de la herramienta y su adecuación a la ley vigente de Salud Mental.

El proyecto surge tras el lanzamiento oficial del dispositivo el pasado 26 de marzo, presentado por el Gobierno como un apoyo para familias y docentes en el cuidado de adolescentes. Sin embargo, los legisladores manifestaron su preocupación por la delegación de tareas críticas en un algoritmo: "La deshumanización de las prácticas, representada por la delegación de la escucha en una máquina, evidencia un corrimiento de la responsabilidad indelegable del Gobierno Provincial”.

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Los puntos clave del reclamo

El texto aprobado solicita que los ministerios de Salud, Desarrollo Humano, el CGE y la Secretaría de Modernización detallen los "estudios científicos, marcos teóricos y experiencias representativas" que avalan la creación de ORI. Además, los diputados buscan saber si existió una articulación con universidades públicas y organismos técnicos como el Órgano de Revisión de Salud Mental.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento es el financiero. El pedido exige un desglose del "costo total del desarrollo y puesta en marcha", especificando si se utilizaron fondos de Rentas Generales o del Consejo Federal de Inversiones (CFI), incluyendo gastos en "infraestructura tecnológica, consultorías externas y viáticos".

Seguridad y ética digital

La preocupación de los legisladores también alcanza la protección de los usuarios frente a situaciones de crisis. En este sentido, el pedido de informes solicita:

"Precise los protocolos de derivación y emergencia previstos ante la detección de casos de riesgo (ideación suicida, autolesiones o violencia). Detalle cómo se articula la respuesta digital con los centros de salud físicos para garantizar una intervención humana inmediata".

Asimismo, se pregunta por las "medidas de seguridad y protección de datos personales" bajo la Ley 25.326 y si se realizaron "auditorías éticas para prevenir respuestas que pudieran inducir conductas perjudiciales", mencionando antecedentes internacionales donde herramientas similares agravaron cuadros de salud mental.

Críticas al "ajuste" en salud

En los fundamentos del proyecto, los autores vinculan este lanzamiento tecnológico con la situación económica de la provincia, señalando una contradicción entre la inversión en software y la realidad de los centros de salud.

"Mientras se invierten recursos en algoritmos, observamos la precarización de los programas de salud, la falta de insumos básicos en los efectores territoriales y la ausencia de una política que garantice salarios dignos para los profesionales", fustigaron los diputados.

Finalmente, el documento advierte que la implementación de ORI debe respetar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, garantizando que la tecnología "no reemplace la atención interdisciplinaria y el contacto humano profesional que la normativa exige", concluyendo que la angustia de los jóvenes no puede ser "acompañada" por un chatbot cuando el Estado se retira de los dispositivos territoriales de contención. (APFDigital)