Identificaron nuevos restos de desaparecidos por la dictadura en Córdoba

El Equipo Argentino de Antropología forense identificó nuevos restos de personas que fueron desaparecidas durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Al igual que los 12 restos que ya habían sido identificados en marzo pasado, estaban enterrados en un predio militar que funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como La Perla y ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires.

Si bien el juzgado federal a cargo de la investigación tiene previsto oficializar la información y dar el detalle de cuántas identidades lograron restituir recién la semana próxima, la noticia fue confirmado por Abuelas de Plaza de Mayo. “Celebramos los nuevos hallazgos en La Loma del Torito, fruto del trabajo de análisis antropológico y genético realizado por el EAAF sobre los restos recuperados en la Guarnición Militar La Calera, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla”, precisaron las filiales de Córdoba y Rosario de la organización de derechos humanos en redes sociales. “Cada hallazgo es un paso más en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”.

La Perla fue uno de los centros de detención más grandes del país —el mayor por fuera de la zona de Buenos Aires— y comenzó a funcionar en 1976, poco después del golpe militar que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria, se estima que por ese lugar pasaron entre 2.200 y 2.500 personas; la mayoría de ellas continúan desaparecidas. El lugar estuvo a cargo del exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, uno de los militares con más poder en aquella época, que antes de morir había acumulado 13 condenas a cadena perpetua por 3.000 casos de torturas, secuestros y asesinatos.

De acuerdo con un informe de organizaciones de derechos humanos elaborado en base a testimonios de sobrevivientes, el secuestro, las torturas físicas, la permanencia en el campo en condiciones inhumanas y las vejaciones sexuales eran algunas de las “técnicas” que formaban parte de la “metodología” aplicada para destruir física y psicológicamente a las personas llevadas a La Perla, que eran fundamentalmente militantes de organizaciones de izquierda. La mayoría de las veces, los secuestrados eran trasladados en camiones del Ejército para su fusilamiento en zonas aledañas, una práctica que era nombrada por los responsables del lugar como “ir al pozo”. Todos los oficiales del centro participaron en algún fusilamiento, con el fin de establecer un “pacto de sangre” tácito que garantizara el silencio y la impunidad de los crímenes, algo que los genocidas siguen sin quebrar hasta hoy.

El 10 de marzo pasado el Juzgado Federal Número 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó el resultado positivo de los trabajos realizados por los antropólogos forenses en la zona y la identificación de los restos de 12 personas, que fueron entregados a sus familias. Además de los restos, en esa ocasión los científicos encontraron una medalla con la imagen de una Virgen Niña gracias a la que Graciela Geuna pudo saber que ese fue el sitio en el que terminó también su marido, a quien le había dado ese amuleto antes de que ambos fueran capturados, con el deseo de que lo protegiera. “Esa medalla tiene mi nombre porque fue mía. Fue tuya. Es nuevamente mía. Se cerró el círculo (...) Ese amuleto no pudo evitar la muerte, pero lo acompañó y protegió su identidad. Ha sido un hilo de amor”, escribió Geuna en una columna publicada en Página 12.

Los hallazgos son un revés para las ideas negacionista que, alentadas por miembros del Gobierno de Javier Milei, comenzaron a permear el discurso público de argentina en los últimos años. Es una nueva evidencia concreta de un sistema de terrorismo estatal que alimenta la memoria del pueblo argentino, que el 24 de marzo pasado se volcó masivamente a la calle por los 50 años del inicio de la dictadura.

El Equipo Argentino de Antropología Forense retomó este lunes las tareas de prospección y excavación del área, que continuarán hasta su culminación, y resaltó la importancia de que las familias de personas desaparecidas que ya aportaron sus muestras de sangre actualicen sus datos de contacto. El trabajo se realizará sobre tres hectáreas adyacentes a la zona trabajada en 2025, donde se recuperaron los restos óseos humanos que permitieron las identificaciones recientes.

Desde su fundación, poco después de recuperada la democracia, el Equipo Argentino de Antropología ha rastreado más de un centenar de cementerios, excentros clandestinos de detención y sitios furtivos de inhumación en busca de los cuerpos que los militares hicieron desaparecer y cuyo paradero nunca han querido revelar. A lo largo de más de 40 años de historia, han logrado identificar los restos de más de 800 personas que estaban desaparecidas, lo que permite a las familias cerrar la búsqueda y despedir a su ser querido, además de ampliar el conocimiento sobre el conjunto de víctimas de desaparición forzada, publicó El País. (APFDigital)