Inversión alimentaria en Entre Ríos: La UTEP denuncia que los fondos no llegan a los barrios

La gestión provincial confirmó este martes un desembolso histórico para el Programa Alimentario de Riesgo Social (PARS), destinado a asistir a los sectores más vulnerables de la provincia frente al complejo escenario económico nacional. Según la información oficial, los más de $6.266 millones proyectados para este año buscan garantizar el acceso a la canasta básica y reforzar la red de contención en el territorio entrerriano.

No obstante, el anuncio no tardó en generar repercusiones. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) emitió un duro comunicado en el que pone en duda el impacto real de estas partidas. Desde la organización sostienen que la asistencia es "irregular" y que la burocracia administrativa impide que los recursos lleguen a tiempo a los barrios populares, donde la demanda de alimentos no deja de crecer.

Además, el reclamo del sector social hace hincapié en la falta de reconocimiento salarial para las trabajadoras sociocomunitarias y la negativa oficial a prorrogar la Ley de Emergencia Alimentaria, un punto de fricción que escala en la agenda política regional.

La Provincia destina $6.266 millones al programa alimentario "Riesgo Social" en 2026

A continuación, se reproduce de manera textual el descargo gremial: “La UTEP cuestionó el anuncio provincial sobre políticas alimentarias”

“Desde la UTEP expresamos nuestra preocupación ante la enorme distancia entre los anuncios oficiales del gobierno provincial y la realidad que atraviesan diariamente miles de familias en los barrios populares”.

“Mientras se difunden cifras millonarias destinadas a políticas alimentarias, los comedores y merenderos comunitarios continúan sosteniendo la emergencia social con recursos insuficientes y con una asistencia alimentaria cada vez más irregular y con pedidos administrativos que no terminan en traducirse en mejorar la política alimentaria acorde a la demanda creciente y constante”.

“Así como la Ministra de Capital Humano Veronica Berisso va a revolver una olla tiene que saber que en muchos barrios, somos las organizaciones sociales las que siguen garantizando un plato de comida frente al avance del hambre y la pobreza”.

“Esta situación no puede analizarse por fuera de las decisiones políticas tomadas en el último tiempo desde la negativa a extender la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, los recortes en programas sociales y la falta de acompañamiento a los espacios comunitarios profundizaron la crisis social que atraviesa nuestro pueblo”.

“Desde la UTEP venimos denunciando además la falta de reconocimiento hacia las trabajadoras sociocomunitarias, quienes todos los días sostienen tareas esenciales en los territorios: cocinan en comedores, acompañan familias, contienen situaciones de violencia y organizan redes comunitarias”.

“Sin embargo, continúan sin reconocimiento salarial ni derechos laborales, pese al rol fundamental que cumplen en cada barrio. No alcanza con anuncios presupuestarios si no existen políticas concretas para fortalecer a las organizaciones comunitarias y garantizar asistencia real en los territorios”.

“La verdadera emergencia social requiere respuestas urgentes, presencia del Estado y políticas construidas junto a quienes sostienen la vida en los barrios populares”.

“El trabajo de la economía popular es una herramienta imprescindible para evitar el quiebre del tejido social en un contexto de ajuste, exclusión y pérdida constante del poder adquisitivo”. (APFDigital)