La Procuración General de la Nación sostuvo que el conflicto de la UTA en Paraná debe tramitarse en Entre Ríos

La Procuración General de la Nación dejó expuesta una objeción de fondo que puede alterar por completo el conflicto judicial abierto en torno al traspaso del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná: para el procurador ante la Corte Suprema, la Justicia Nacional del Trabajo no tiene competencia para intervenir en el caso impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y por lo tanto la medida cautelar que ordenó incorporar trabajadores a la nueva concesionaria aparece jurídicamente debilitada desde su origen.

El dictamen, firmado el 12 de mayo de 2026 en la causa “Unión Tranviarios Automotor c/ Transporte San José SA UTE s/ acción de amparo”, recomienda a la Corte Suprema que el expediente quede radicado en el Juzgado del Trabajo Nº 4 de Paraná. La definición no es menor: implica que el fuero nacional laboral habría intervenido sin jurisdicción válida en un litigio estrictamente local.

La discusión excede una cuestión procesal. En el centro del expediente está la transición de la explotación del transporte urbano de pasajeros de Paraná desde Buses Paraná UTE -Grupo ERSA- hacia Transporte San José SA UTE. La UTA reclama que la nueva adjudicataria absorba a los 237 trabajadores que prestaban servicios con la concesionaria saliente, invocando el principio de continuidad laboral previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

El sindicato acudió al Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de Buenos Aires, que hizo lugar a una medida cautelar ordenando la absorción transitoria de los empleados. Esa decisión fue luego confirmada por la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, según indicó Análisis.

Sin embargo, mientras la cautelar avanzaba en la Justicia nacional, Transporte San José promovió una inhibitoria ante la Justicia laboral entrerriana. La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná aceptó el planteo y declaró competente a la justicia provincial para entender en el amparo.

Allí se abrió formalmente el conflicto de competencia entre tribunales de distinta jurisdicción que ahora debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El núcleo del dictamen

La Procuración General adopta una posición categórica: el caso carece de elementos suficientes para justificar la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo.

El razonamiento técnico del Ministerio Público parte de un criterio clásico de competencia territorial. Según el dictamen, los conflictos entre particulares encuadrados en la Ley de Contrato de Trabajo deben tramitar ante los jueces del lugar donde se ejecuta la relación laboral, donde se celebró el contrato o donde se domicilia la demandada.

Y todos esos puntos de conexión remiten a Paraná.

El procurador enumera una serie de datos considerados decisivos:

- La actividad laboral se desarrolla íntegramente en Paraná.

- Los trabajadores prestan servicios en esa ciudad.

- Las empresas involucradas están radicadas allí.

- Los contratos laborales fueron celebrados y ejecutados en Entre Ríos.

- El conflicto refiere exclusivamente al sistema urbano de transporte paranaense.

Con ese encuadre, el dictamen concluye que “no se advierte prima facie algún punto de contacto” que habilite la competencia del fuero nacional laboral.

La afirmación golpea directamente sobre el principal argumento utilizado por la UTA para litigar en Buenos Aires: la supuesta “naturaleza nacional” del conflicto.

El sindicato había sostenido que la intervención del Ministerio de Capital Humano de la Nación y la eventual adopción de medidas sindicales de alcance nacional convertían el caso en un conflicto colectivo federalizado. Pero la Procuración desarma esa tesis y coincide con la Cámara de Paraná en que el litigio no adquiere dimensión nacional por el solo hecho de que intervenga un sindicato de actuación nacional o una cartera ministerial federal. Para el Ministerio Público, el conflicto sigue siendo local.

Por qué queda en cuestión la cautelar

El aspecto más sensible del dictamen es su impacto sobre la medida cautelar que obligó provisoriamente a Transporte San José a incorporar trabajadores.

Aunque la Procuración no declara inválida la cautelar -esa decisión corresponde a la Corte-, el razonamiento jurídico del dictamen deja planteado un problema severo: si el juez que la dictó era incompetente, la validez de esa resolución queda comprometida.

En términos procesales, la competencia no es un detalle secundario sino un presupuesto esencial de actuación judicial. Un tribunal sin jurisdicción suficiente no puede válidamente imponer decisiones sobre el fondo del conflicto.

La posición del procurador sugiere precisamente eso: el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 habría asumido facultades sobre un litigio que correspondía tramitar ante la justicia entrerriana.

El cuestionamiento adquiere todavía más relevancia porque la cautelar tuvo efectos concretos sobre la reorganización del sistema de transporte urbano en Paraná y sobre la relación entre la nueva concesionaria y el personal afectado por el cambio de operador.

La propia secuencia del expediente muestra que la discusión sobre competencia no fue accesoria. Transporte San José había advertido desde el inicio la existencia de una inhibitoria tramitada en Paraná, aunque la Cámara Nacional del Trabajo inicialmente relativizó ese planteo porque -según dijo- la empresa no había informado adecuadamente el estado del trámite provincial.

Pero luego la Justicia entrerriana avanzó y declaró expresamente su competencia sobre el caso, profundizando el conflicto jurisdiccional.

El trasfondo institucional

El dictamen también contiene una señal institucional hacia el uso expansivo del fuero nacional laboral en conflictos sindicales.

La Procuración parece marcar un límite a la tendencia de trasladar litigios locales hacia tribunales nacionales mediante la invocación de derechos colectivos o la participación de organizaciones sindicales con representación federal.

El criterio propuesto reafirma una idea tradicional de la Corte Suprema: la competencia debe definirse principalmente por la naturaleza concreta de la relación jurídica debatida y por su localización territorial efectiva, no por derivaciones indirectas o consecuencias políticas del conflicto.

En este caso, el procurador entiende que la controversia gira alrededor de relaciones laborales desarrolladas exclusivamente en Paraná y vinculadas al servicio urbano de esa ciudad. Por eso considera improcedente desplazar el expediente hacia la Justicia Nacional del Trabajo.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver definitivamente la contienda.

Pero el dictamen deja una conclusión política y jurídica difícil de soslayar: la cautelar obtenida por la UTA quedó bajo sospecha porque habría sido dictada por un juez sin competencia para intervenir. (APFDigital)