Qué es el Súper RIGI, la iniciativa del Gobierno para traer más inversiones extranjeras

El Gobierno envió al Congreso el "Súper RIGI", una iniciativa que busca incentivar proyectos de inversión extranjera a través de una serie de beneficios económicos, como la reducción de impuestos.

La medida había sido anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que el proyecto busca "una mayor industrialización de los recursos" a través de actividades "que hoy no existen en Argentina".

El envío formal fue anunciado públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una publicación en su cuenta personal de X. Allí mismo también confirmó el tratamiento de otros tres proyectos: Ley de Ludopatía, Ley de Lobby y la ley que modifica el Etiquetado Frontal de los productos de alimentos y bebidas.

Qué es el Súper RIGI

El Gobierno revalorizó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en la Ley Bases que ofrece beneficios fiscales para atraer capitales extranjeros, y lanzó lo que denominó como "Súper RIGI". El nuevo nivel del régimen vigente se presentó el sábado vía mesa de entradas y tomó estado parlamentario este martes por la mañana para su tratamiento en la Cámara de Diputados, precisó el portal BAENegocios.

El nuevo proyecto busca otorgar incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa por un plazo de 30 años a proyectos de inversión de gran escala destinados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas que hoy no existen en el país o están en fases experimentales o piloto.

Con "nueva actividad económica", el proyecto se refiere a iniciativas industriales, tecnológicas o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital, que tengan un impacto transformador en la matriz productiva nacional.

Súper RIGI: incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios

El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso contempla 13 capítulos que introducen beneficios en cuatro áreas clave.

Incentivos tributarios y aduaneros

Impuesto a las Ganancias: se reduce la alícuota general a un 15% (frente a las escalas más altas del régimen general). Además, se fija una alícuota reducida del 3,5% para dividendos y utilidades.

Amortización acelerada

Permite deducir de forma mucho más rápida las inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.

Quebrantos fiscales

Se habilita su deducción sin límite de tiempo hacia años futuros.

IVA

Se establece un mecanismo de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el Impuesto al Valor Agregado sobre las inversiones iniciales.

Aranceles de comercio exterior

Exención total de derechos de importación y de exportación tanto para los bienes que ingresen para el plan de inversión como para los productos que el proyecto termine vendiendo.

Incentivos cambiarios

Libre disponibilidad de divisas: un esquema progresivo y escalonado exceptúa a las empresas de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios los dólares generados por sus exportaciones: 20% libre el primer año, 40% el segundo y 100% libre a partir del tercer año.

Financiamiento

No hay obligación de liquidar divisas que ingresen al país en concepto de aportes de capital o préstamos vinculados al proyecto.

Incentivo en seguridad social

Contribuciones patronales: se establece una alícuota única reducida del 10% para las contribuciones patronales de los nuevos puestos de trabajo que se den de alta bajo el proyecto.

Estabilidad y garantías

Estabilidad de 30 años: los beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y previsionales no se pueden alterar ni volver más restrictivos por tres décadas.

Protección legal

Se garantiza la libre disponibilidad de los productos sin obligación de abastecer el mercado interno, protección frente a expropiaciones y el derecho a recurrir directamente a arbitraje internacional en caso de litigios con el Estado Nacional.

Requisitos para aplicar al Súper RIGI

El proyecto debe certificar una inversión mínima en activos computables de al menos USD 1.000 millones. Además, el VPU (Vehículo de Proyecto Único, la sociedad exclusiva creada para el proyecto) debe comprometer e invertir un mínimo del 20% de ese total. Es decir, USD 200 millones dentro de los primeros dos años desde que se aprueba su ingreso.

Las empresas tienen una ventana de cinco años para presentarse al régimen una vez reglamentada la ley, con opción de prórroga por un año más.

Los interesados deben presentar estudios técnicos que demuestren que no distorsionarán el mercado interno, detallar el empleo directo/indirecto que generarán y asegurar que el proyecto no implicará una demanda neta de divisas al sistema. (APFDigital)