Contratos Truchos: A ocho años del inicio de la causa se incorporaron en una audiencia los 770 contratos sospechados

Este miércoles continuó la audiencia de remisión a juicio de la causa conocida como Contratos en la Legislatura, que investiga la presunta sustracción de alrededor de 50.000.000 millones de dólares, a valores actualizados, supuestamente perpetrada en la década comprendida entre 2008 y 2018 y simulada en la modalidad de contratos de obra en ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana a favor de personas que solo prestaban su nombre sin realizar ninguna contraprestación por ello, percibiendo una ínfima suma del total del contrato.

En la jornada, la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, entendió que los fiscales, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, reformularon los hechos atribuidos según lo resolvió la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno. Se trató de unificar la cantidad de contrataciones imputadas y de corregir un dato respecto de una fecha en la imputación que comprende a funcionarios del Tribunal de Cuentas. El jueves 28 la audiencia continuará con la discusión de la evidencia que se llevará al futuro debate.

Este miércoles, Fiscalía entregó a todas las partes copia de los 770 contratos sospechados. Se trata de los contratos que el gobernador, Rogelio Frigerio, pidió que se investiguen en la Legislatura, ordenando luego su nulidad. Se trata de la primera vez que el listado de contrataciones se expone en una audiencia.

Dos defensores solicitaron que se los dispense de concurrir a las audiencias. Se trató de Leopoldo Lambruschini, que defiende a Juan Domingo Orabona, que ya adelantó en jornadas anteriores que no iba a controvertir la evidencia de Fiscalía. El otro fue José Velázquez, que defiende a Flavia Beckman y Hugo Mena, que también sostuvo que no estaba en disconformidad con la evidencia que los fiscales pretenden convalidar para el debate. La jueza lo dejó acotado a la dinámica de las audiencias y añadió que de ser necesaria su presencia, se los iba a convocar.

En la jornada, la defensa de Diego Martín Pagnoni y Mariano Speroni, a cargo de Victoria Halle; y de Hernán Javier Díaz, a cargo de Miguel Ángel Cullen, reiteraron los pedidos de sobreseimiento de los tres imputados, que se desempeñaban como auditores del Tribunal de Cuentas. La jueza les informó a las partes que dará a conocer su resolución sobre aquellos pedidos al final de la audiencia, cuando dé a conocer su decisión final.

Las defensas fundamentaron que la evidencia con la que Fiscalía pretende llevarlos a juicio no alcanza siquiera para sostener el grado de probabilidad comisiva que la etapa de remisión a debate requiere. En este sentido, Halle sostuvo que los mensajes que Fiscalía entiende como suficientes para mantener la acusación en realidad benefician la posición de sus defendidos habida cuenta que darían cuenta de que desarrollaron un rol estereotipado como los que son habituales en la Administración Pública.

Por su parte, Cullen señaló que la modificación del error temporal dejaría a Díaz afuera de la imputación, puesto que quedaría corroborado que al momento del intercambio de mensajes con uno de los imputados que se desempeñaba en la Legislatura y se sospecha que era quien conocía la dinámica de la organización, ya no era auditor del organismo de contralor.

Fiscalía volvió a rechazar los pedidos de desvinculación y sostuvo que el rol que les endilga tiene como base que hubo una relación de cercanía o amistad entre controladores y controlados, dinámica que permitió que solo se auditen por ejercicio entre 20 y 30 contratos de muestra seleccionados al azar, cifra que se consideró “insignificante”, pero también se añadió que aquella aludida cercanía les permitía seleccionar las contrataciones que no tendrían observaciones de importancia.

Añadieron que tras conocerse las investigaciones por el caso del ex diputado Ricardo Troncoso y la de los contratos que se presume son apócrifos, los controles cobraron vitalidad y “celo”. Las defensas respondieron que esa respuesta es la de rigor cuando en cualquier organismo se da cuenta de una posible irregularidad.

Fiscalía detalló los obstáculos que debió sortear para llevar adelante la causa. A las negativas de los organos legislativos de responder a los pedidos, añadieron que un expediente que iba a ser auditado fue sustraído, pero luego se lo pudo volver a reconstruir. Ante este nuevo agravante, las defensas respondieron que en Tribunales también se pierden expedientes y no se inicia una causa penal.

Finalemente, los fiscales solicitaron el rechazo de los pedidos de sobreseimiento para que las observaciones puedan debatirse en un debate oral y público.

Acusación

En el escrito de imputación Fiscalía sostiene que los auditores incurrieron en “omisiones a sus deberes funcionales” que  permitieron “pasar por alto el flujo constante de vínculos que se generaban y/o renovaban semestralmente, así como de la continuidad de algunos falsos contratistas que estuvieron ligados a una y otra cámara legislativa de manera indistinta por extensos períodos de tiempo, algunos de ellos durante los 11 años investigados”.

Añadieron que “todos estos elementos no pudieron ser ignorados por quienes tenían a su cargo, como único deber funcional específico, el de controlar la correcta inversión de los fondos públicos, salvo que dichas omisiones hayan sido ex profeso tal como se acredita con la evidencia que se referencia a continuación”.

También acusaron que “si bien es posible efectuar una diferenciación en el aporte al accionar delictivo de quienes actuaban en representación delTribunal de Cuentas, sus comportamientos tienen como común denominador el incumplimiento de sus deberes funcionales. De los intercambios de mensajes entre los implicados, se observa concretamente cómo se generaron vínculos de amistad, en particular entre Gustavo Hernán Pérez y Hernán Javier Díaz, antagónicos con la función de control que éste último desempeñaba”, lo que fue nuevamente rechazado por las defensas este miércoles. (APFDigital)