Paraná: Cuestionan un fallo judicial sobre la gestión de residuos

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná expresó su rechazo al fallo judicial sobre gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y cuestionó que la resolución obligue al Foro Ecologista de Paraná, impulsor de la demanda judicial, a intervenir en la búsqueda de respuestas a la problemática ambiental. Reclamó que el Estado asuma su responsabilidad y exigió que se cumpla la sentencia ambiental.
lunes 01 de junio de 2026 | 7:30hs.

"Manifestamos nuestro máximo rechazo al reciente fallo judicial que obliga al demandante, Foro Ecologista de Paraná, a tener que dar solución a la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad", señaló.

Asimismo, remarcó que la gestión integral de los residuos es una obligación indelegable de los organismos estatales y consideró improcedente equiparar la responsabilidad del demandante con la del municipio. "Recordamos a la ciudadanía en general y especialmente a la Justicia que es total y absoluta responsabilidad del Estado hacerse cargo de iniciar un proceso para generar una política para dicha solución", afirmó al respecto.

En ese sentido, sostuvo que "sólo el Estado cuenta con los recursos y herramientas necesarias", por lo que calificó a la medida judicial como "ilógica e ilegal" al "poner en pie de igualdad a demandante y demandado Municipio".

La Asamblea instó además a las autoridades competentes a avanzar de manera inmediata en el cumplimiento de las disposiciones judiciales vinculadas al tratamiento de los residuos urbanos. "Entendemos que no hay más tiempo que perder. Ya, de manera urgente, las autoridades deben cumplir con la sentencia judicial, mínimamente implementando un programa de separación en origen y estableciendo los pasos siguientes del tratamiento de los RSU", expresó.

Entre los reclamos también se incluye la puesta en marcha de un “plan de monitoreo y sofoco de las quemas” para controlar los incendios que se producen en los sitios de disposición de residuos.

Finalmente, la Asamblea Ciudadana Vecinalista advirtió sobre las consecuencias sanitarias y ambientales derivadas de la falta de respuestas estructurales y recordó que la protección de la salud pública constituye una obligación legal de los distintos niveles del Estado. "Cuidar la salud de la población es una obligación constitucional de los Estados; no cumplirla es un delito", concluyó. (APFDigital)