En medio de causa judicial por Ley de Financiamiento Universitario, Nación y gremios acordaron incrementos salariales

El Ministerio de Capital Humano informa que la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron hoy un acta acuerdo que establece una recomposición salarial para el sector universitario.

El Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

En materia presupuestaria, se actualizará un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, y dispondrá un incremento de $50.000.000.000 en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026.

En cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026.

Por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente.

Causa judicial por Ley de Financiamiento Universitario

Pese al principio de acuerdo, las entidades educativas indicaron que mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la norma votada favorablemente y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.

Cabe recordar que la causa tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.

La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.

Del lado sindical, la desconfianza continúa. “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, dijeron desde Conadu a Infobae. (APFDigital)