Diputado entrerriano acompañó un proyecto que le exige al Gobierno que implemente el sistema acusatorio en CABA

El bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo de la Nación que tome las medidas necesarias para dar vigencia al Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, a partir del 1 de octubre próximo.

El texto está encabezado por el correntino Diógenes González y avalado por todos los integrantes de la bancada radical: los mendocinos Pamela Verasay, presidenta de bloque, y Lisandro Nieri; el entrerriano Darío Schneider; y los chaqueños, Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero.

En el escrito al que accedió parlamentario.com, los radicales mencionaron que el Código Procesal Penal Federal, aprobado en 2014, implica abandonar el modelo mixto de raíz inquisitiva y adoptar un proceso acusatorio basado en oralidad, publicidad, contradicción y una estricta separación de funciones entre investigación, acusación y juzgamiento.

"Argentina ya avanzó de manera sostenida hacia sistemas acusatorios en la mayoría de las provincias, donde la reforma procesal permitió fortalecer el rol de los ministerios públicos y mejorar la dinámica de los procesos penales", explicitaron en los fundamentos del texto.

Del mismo modo, aseguraron que la implementación de este sistema acusatorio genera "mejoras sustanciales" respecto del esquema tradicional, reduciendo los plazos para dictar sentencia de un promedio de tres años a apenas diez meses, además de aportar mayor transparencia y eficiencia.

Sin embargo, los legisladores firmantes advirtieron que, a más de diez años de la sanción de la Ley de Implementación Progresiva, el nuevo Código rige solo en el 44% de las jurisdicciones previstas. Consideraron, en el final,  que "seguir postergando su aplicación en la Ciudad de Buenos Aires vulnera el derecho de acceso a la justicia y debilita garantías constitucionales". (APFDigital)