Investigan a Francisco Adorni por un préstamo de 40.000 millones a la obra social de las Fuerzas Armadas que luego se disolvió

La Justicia federal avanzará sobre Francisco Adorni por su presunta intervención en el préstamo de $40.000 millones otorgado al IOSFA, una causa que ahora quedará unificada en Comodoro Py bajo la conducción del juez subrogante Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González. El expediente, que también alcanza al exministro de Defensa Luis Petri, investiga la entrega de un crédito millonario que derivó en la posterior disolución de la obra social.

La investigación tuvo origen en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien apuntó contra Adorni por su desempeño como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo dependiente del Ministerio de Defensa. La legisladora le atribuyó responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación del crédito que el IAF otorgó a la obra social de las Fuerzas Armadas, que atravesaba una severa crisis financiera que culminó en su disolución, informó el portal infogremiales.com.ar.

La causa había quedado inicialmente en manos del juez Daniel Rafecas, pero la fiscal Alejandra Mángano advirtió la existencia de un expediente previo en el Juzgado Federal N° 9, subrogado por Ramos, donde ya se investigaban otras anomalías en el IOSFA. Entre ellas figuraban compras directas de armamento y medicamentos por $25.000 millones cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a afrontar la crisis financiera y la propia solicitud del préstamo al IAF.

Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía para acumular ambas investigaciones por conexidad. Sin embargo, el Juzgado Federal N° 9 rechazó la competencia argumentando una diferencia temporal clave: el crédito original se gestionó en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni se incorporó al IAF recién en junio de ese año. Ramos también sostuvo que el funcionamiento interno del instituto excedía el objeto procesal de la primera causa y consideró prematura la unificación sin medidas de prueba previas.

Ante esta negativa, Rafecas trabó una contienda de competencia que escaló a la Cámara Federal de Apelaciones. La Sala I, integrada de forma unipersonal por el juez Leopoldo Bruglia, determinó en las últimas horas que las causas deben acumularse por compartir un mismo contexto fáctico e institucional vinculado al Ministerio de Defensa y a los entes descentralizados bajo un mismo período de gestión.

El tribunal de alzada estableció que corresponde que sea Ramos quien conduzca una única investigación “por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”. La resolución aclara que esto será así “sin perjuicio de que el avance de la investigación habilite un replanteo de la cuestión”, dejando abierta la posibilidad de separar los casos si surgieran pruebas que lo ameriten.

La acusación contra Francisco Adorni también alcanza al exministro de Defensa Luis Petri, aunque el foco principal está puesto en el manejo de los fondos durante la gestión del diputado bonaerense al frente del IAF.

El panorama judicial para el hermano del exfuncionario nacional se vuelve más complejo. El juez Daniel Rafecas tiene en su despacho otro expediente que involucra a Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, donde el fiscal Guillermo Marijuán ya pidió su indagatoria.

Esa causa tramita en el Juzgado Federal N° 6, que Rafecas subrogará hasta octubre de este año, y avanza en paralelo a la investigación sobre el patrimonio de su hermano, Manuel Adorni. El magistrado debe definir en las próximas semanas si ordena o no la indagatoria del legislador provincial de La Libertad Avanza, quien ya rectificó su declaración jurada tras reconocer omisiones en sus bienes declarados.

La investigación por enriquecimiento ilícito se centra en el incremento patrimonial del funcionario entre 2024 y 2025, cuando su patrimonio declarado pasó de aproximadamente $43 millones a más de $80 millones. La fiscalía cuestiona especialmente la cancelación en doce meses de un crédito hipotecario de $60 millones del Banco Provincia, un monto que, según la denuncia, no podría justificarse con sus ingresos declarados en la función pública.

El abogado defensor del legislador, Marcelo Peña, sostuvo que la denuncia fue una presentación “a solo efecto de generar un malestar político” y afirmó que su cliente tiene todo su patrimonio “bancarizado, registrado y con la respectiva documentación respaldatoria del origen de esos fondos”. Sin embargo, la Justicia avanza con medidas de prueba que incluyen informes al Banco Central, la UIF, la AFIP y más de 30 organismos para determinar si existieron irregularidades en el manejo de los recursos públicos. (APFDigital)