Crece la preocupación en los trabajadores de salud mental ante la reforma del régimen jubilatorio

La reforma previsional impulsada por el Ejecutivo generó un fuerte rechazo entre los profesionales y empleados del área de Salud Mental. Cabe destacar que la iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado, este jueves finalizó su debate en Diputados y será tratada en una sesión prevista para la semana que viene.

Los trabajadores denuncian que las modificaciones representan un “retroceso en el reconocimiento de las condiciones particulares” de su labor, la cual implica un desgaste prematuro que el Estado reconoció históricamente.

Al respecto la delegada del Ministerio de Salud por ATE, Nadia Burgos, afirmó: “La reforma jubilatoria en Entre Ríos es alarmante”. Según la dirigente, los cambios desconocen que el trabajo en este sector implica una exposición permanente a situaciones de alta complejidad y una carga psíquica acumulativa que no puede medirse solo en años de servicio.

Para la dirigente, el Estado desconoce que esta tarea implica una “exposición permanente a situaciones de alta complejidad”, incluyendo el desgaste emocional y una “carga psíquica acumulativa que no siempre es visible” ni puede medirse solo por los años de servicio.

Burgos también cruzó duramente el discurso oficial del gobernador, Rogelio Frigerio, y del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, acusándolos de mentir al decir que la salud mental es una prioridad.

Además la delegada manifestó que reducir los derechos previsionales contradice cualquier política de cuidado, especialmente en una provincia que encabeza estadísticas críticas: "La tasa provincial de suicidio casi duplica la media nacional", una realidad que evidencia la gravedad de la crisis actual en Entre Ríos.

Por su parte el Secretario de Derechos Humanos de ATE, Matías Passi, detalló aspectos técnicos de la reforma que generan incertidumbre, especialmente sobre la modificación del artículo 37 de la Ley 8732.

Passi advirtió que el agregado de la frase "trato directo con personas con discapacidad" como requisito para la jubilación especial “abre una interpretación restrictiva” que podría dejar fuera a sectores fundamentales como administración, cocina y maestranza. El delegado explicó que, aunque no realicen tareas asistenciales, estos trabajadores mantienen un contacto cotidiano con los pacientes por el modo en que circulan en la institución.

Otro de los puntos más polémicos es la carga económica que se impone a quienes logran retirarse bajo el régimen especial. Según informaron los referentes gremiales, los trabajadores que se jubilen a los 45 años deberán continuar realizando aportes personales como si estuvieran en actividad.

Otro punto crítico es el impacto económico tras el retiro. Passi detalló que, bajo la nueva normativa, quienes se jubilen por el régimen especial a los 45 años deberán continuar con el “aporte personal solidario”. Al respecto, enfatizó: “debemos seguir aportando como activos hasta llegar a la jubilación ordinaria”, lo que implica que se les seguirá descontando un 19% de sus haberes hasta cumplir los 65 años en el caso de los varones.

Finalmente, los trabajadores recordaron que este ajuste se produce en un escenario de extrema precariedad para la salud pública. Ante esta situación, se convocó a una asamblea el próximo lunes a las 10 en el Hospital Escuela de Salud Mental para definir un plan de lucha y exigir que se retrotraigan las modificaciones. (APFDigital)