Cuatro ONG demandaron al gobierno de Trump por sus sanciones a la Corte Penal Internacional

Cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, por las sanciones impuestas a miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), medidas que según argumentan impiden a las víctimas de crímenes de guerra buscar justicia. Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma que creó la CPI y no reconoce la jurisdicción de este tribunal permanente con sede en La Haya. La administración Trump impuso sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.

“Un ataque frontal contra el Estado de derecho”

En una presentación ante un tribunal en Nueva York, Human Rights Watch, el Comité de ervicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales y el Instituto de la Sociedad Abierta (Open Society Institute) pidieron que se anulen las sanciones porque violan leyes, incluidas las protecciones a la libertad de expresión garantizadas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, precisó Página12.

“Se trata de un abuso de poder ilegal que constituye un ataque frontal contra el Estado de derecho, la independencia de los jueces, fiscales y abogados, los preceptos básicos que sustentan el orden jurídico internacional y el principio de acceso a la justicia”, sostiene la demanda. El texto, de 101 páginas, afirma que las sanciones afectan la “capacidad de llevar ante la justicia a los perpetradores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, los delitos que aborda la CPI.

Las sanciones estadounidenses, aplicadas en virtud de una orden ejecutiva que Trump firmó en febrero de 2025, alcanzan a ocho jueces, tres fiscales, un experto de la ONU y tres organizaciones de derechos humanos. “El hecho de que tantas organizaciones líderes humanitarias y de derechos humanos se hayan unido para desafiar la orden ejecutiva ilegal de Trump demuestra el daño generalizado que está causando a los grupos de la sociedad civil, que tienen como objetivo llevar ante la justicia a los responsables de crímenes graves”, afirmó el abogado que representa a las ONG demandantes, Andrew Loewenstein.

Por su parte, la secretaria general del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, Joyce Ajlouny, indicó que los esfuerzos de la administración Trump para desmantelar la CPI “y castigar a personas que buscan justicia por graves violaciones a los derechos humanos perjudican mucho más que a los individuos y grupos que enfrentan sanciones”. “Es una afrenta a todas las víctimas y sobrevivientes de los crímenes de guerra y el genocidio”, sostuvo Ajlouny, quien agregó que la orden ejecutiva busca “intimidar a los defensores humanitarios y disuadir” a las personas a llevar a cabo estas acciones.

La abogada del Centro de Derechos Constitucionales, Katherine Gallagher, defendió su labor como representante de víctimas ante la CPI y criticó que el gobierno de Trump no solo haya “negado a los palestinos y las víctimas de la tortura estadounidense un acceso igual a la justicia, sino que también los haya criminalizado y castigado a ellos, a sus abogados y defensores y a sus socios”. “Todas las víctimas de crímenes internacionales —desde Sudán y Ucrania hasta Palestina y Afganistán— necesitan y merecen una CPI independiente y fuerte que pueda cumplir su misión de poner fin a la impunidad”, planteó Gallagher.

La avanzada de Washington

Las Naciones Unidas y la Unión Europea ya habían instado a Trump a revertir medidas punitivas contra miembros de la CPI. Muchas estaban directamente vinculadas a una orden de detención que el alto tribunal emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la guerra en Gaza. Washington también cuestionó las investigaciones de la CPI sobre presuntos abusos cometidos durante la guerra en Afganistán liderada por Estados Unidos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció el mes pasado el inicio de una “amplia campaña para desmantelar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”. En un mensaje en video, Rubio señaló que Estados Unidos presionará a los Estados miembros para que se retiren de la institución y pedirá a los países que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos” que rechacen la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.

La demanda presentada este martes afirma que las sanciones de Estados Unidos causaron “un daño profundo e irreparable”. Además de Donald Trump, apuntan contra Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el fiscal general Todd Blanche y Bradley Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Ahora restará conocer la respuesta del propio presidente Trump y si su gobierno intentará encontrar una forma de evitar que las sanciones afecten a los involucrados.

Los reparos de Estados Unidos hacia el tribunal son anteriores a Trump. Estados Unidos, al igual que Israel, no es miembro de esa jurisdicción. Rusia tampoco lo es. Su presidente, Vladímir Putin, es objeto de una orden de arresto de la CPI desde marzo de 2023. A fines de julio Venezuela anunció que inició su retiro definitivo de la CPI, que investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 bajo el gobierno del derrocado mandatario Nicolás Maduro.

En junio, tres jueces de la CPI sancionados por la administración Trump presentaron una demanda contra el presidente y otros altos funcionarios estadounidenses por considerar que las medidas en su contra son ilegales. En una demanda presentada en Nueva York, la jueza canadiense Kimberly Prost, la ugandesa Solomy Balungi Bossa y la beninesa Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou dijeron que las sanciones tenían como objetivo “ejercer presión extrajudicial”.

Un presente turbulento

Los esfuerzos por mantener el poder del tribunal mundial se producen mientras la CPI enfrenta una enorme presión, tanto interna como de sus más de 120 Estados miembros. Entre las personas sancionadas por Estados Unidos el año pasado estuvo Karim Khan, quien fue el fiscal jefe de la CPI hasta que fue apartado del cargo el mes pasado, casi dos años después de que surgieran por primera vez acusaciones de conducta sexual indebida en su contra.

Los abogados de Khan criticaron el proceso que condujo a su destitución, quejándose de que se le impidió intervenir en la sesión en la que se definió su futuro y argumentando que las normas se habían modificado para perjudicarlo. Establecida en 2002 con el respaldo de casi todas las democracias occidentales, la CPI enjuicia a personas acusadas de atrocidades y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos adecuados para garantizar la rendición de cuentas. (APFDigital)