Prorrogaron medidas de protección para los policías que denunciaron el supuesto cobro de adicionales truchos en el 911

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull dispuso el jueves 6 prorrogar las medidas de protección inhibitorias ordenadas el 8 de mayo en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar las presuntas responsabilidades de autoridades de la División 911 en el supuesto delito de Fraude a la Administración Pública que se habría consumado bajo la modalidad de cobro de adicionales que eran realizados por personal de servicio pero se liquidaban a otros que estaban de franco. Estos, luego de cobrar por cajero, debían llevar la suma a sus superiores, que alegaban que las sumas eran para mejorar las condiciones de trabajo en el organismo.

La medida de protección comprende a una decena de efectivos que denunciaron la supuesta maniobra. Se dispuso por 90 días, que vencerán el 6 de noviembre. Los hechos bajo sospecha habrían ocurrido en la División Videovigilancia y 911 de la Policía de Entre Ríos entre 2023 y 2025. Fuentes judiciales indicaron que la investigación es una suerte de “desprendimiento” de la que investiga el cobro indebido de adicionales que no se realizaban y comprende a funcionarios de la División Adicional de la Dirección General de Operaciones y Seguridad de la fuerza.

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La decisión de Fiscalía comprendió ordenar a Claudio Omar González, actual jefe de la Policía de Entre Ríos, “abstenerse de ordenar, promover o ejecutar actos administrativos que impliquen alteraciones en las condiciones de revista, traslados de destino, cambios de turno, pérdida de adicionales o medidas disciplinarias respecto de los denunciantes y testigos protegidos que carezcan de sustento técnico y legal suficiente, debiendo además garantizar que éstos y sus familias no sufran hostigamiento, vigilancia o intromisiones en el ámbito laboral o personal”.

También dispuso que se haga “saber a todos los destinatarios que el incumplimiento de las presentes medidas podrá configurar el delito de desobediencia judicial previsto en el artículo 239 del Código Penal” y que “la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) comunique la presente resolución a las partes e involucrados, conforme corresponda”. Finalmente dispuso “comunicar la presente resolución al Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, a sus efectos”.

Justa e irreprochable

Los patrocinantes de los denunciantes son los abogados Rubén Pagliotto y José Pastori. El primero destacó que “el fiscal Ramírez Montrull, criteriosa y oportunamente, renovó por 90 días más las medidas restrictivas a favor de los y las policías que denunciaron el affaire de los servicios adicionales”.

En aquella línea consideró que la medida “es muy justa e irreprochable la medida dispuesta por el fiscal, ya que tratándose la Policía de Entre Rios de un organismo jerárquico y verticalista, los denunciantes de sus superiores corren el serio y grave riesgo de que ellos tomen medidas en represalia de quienes valientemente se animaron a denunciarlos por las sustracción de millonarias sumas de fondos públicos, que se les pagaban a quienes no realizaban los servicios adicionales, sino a quienes fungían de prestanombres, poniendo sus cuentas sueldo a disposición de la recaudación fraudulenta, muchas veces engañados por sus superiores”.

Pagliotto opinó que “este es un caso de enorme gravedad institucional, puesto que quienes delinquen son paradojalmente quienes se encuentran investidos de poder estatal suficiente para perseguir el delito y a sus autores”. En este  sentido añadió que “lo peor de esta miserable saga, es que el actual titular del Ministerio de Seguridad, asumió esa cartera con pleno y cabal conocimiento de este mecanismo corrupto de exacción ilegal de fondos públicos y nada hizo en dos años y medio de gestión”.

Finalmente expresó que “si esto se sabe y ha tomado estado público, es gracias a un grupo de abnegados funcionarios y funcionarias policiales que con valentía y una encomiable ética republicana, se animaron  a denunciar en la justicia este abominable hecho delictivo”.

El hecho

El hecho que se investiga habría consistido en que entre 2023 y 2025, funcionarios policiales que cumplían funciones en la División 911, “cumpliendo las órdenes de sus superiores, recibían en su cuenta sueldo del Nuevo Banco de Entre Ríos SA pagos de dinero en concepto de servicios adicionales de guardia o turno que no habían prestado y que habían realizado otros funcionarios de la División, y una vez liquidado el monto por la División Adicionales forma mensual, debían extraerlo en efectivo y entregarlo personalmente a sus superiores mencionados en el despacho de la Sección Patrulla de dicha División sita la intersección de avenidas Ramírez y Gualeguaychú de Paraná”.

El ardid o maniobra se habría realizado “con la excusa de destinarlo a cubrir los gastos de la alimentación diaria del personal y la reparación de patrullas”, añadiendo que “para lograr esta maniobra y dar apariencia de legalidad, las autoridades del 911 informaban falsamente a la División Adicionales, en forma mensual, la nómina del personal que no había prestado el servicio de guardia o turno para que se les deposite el dinero. Causando con su accionar un perjuicio al erario público provincial". (APFDigital)