Prorrogan la preventiva a los acusados del crimen en Cerrito: uno en el penal y el otro en una casa

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió este miércoles prorrogar la prisión preventiva por 90 días o hasta la audiencia de remisión de la causa a juicio mientras se termina de sustanciar la investigación para determinar las presuntas responsabilidades que les cabría a cada uno en el crimen de Luciano Emanuel Emeri.

El fiscal, Laureano Dato, pidió que la prórroga de la medida sea por 90 días o hasta la audiencia de remisión de la causa a juicio, lo que suceda primero. La defensa de Sotelo, a cargo de Pablo Minetti y Boris Cohen, se opuso y logró que la medida se prorrogue en la modalidad de arresto domiciliaria con el control a distancia con tobillera electrónica. La defensa de Molaro, a cargo de la defensora pública, Antonella Manfredi, no se opuso pero solicitó que se le permita asistir a dos encuentros con profesionales de la salud mental para realizar una pericia psicológica psiquiátrica, lo que la jueza le concedió.

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La jueza no acogió el argumento del fiscal respecto a aludidos actos de entorpecimiento que enumeró el fiscal, señalando que se trató de intentos de instalar una versión distinta a lo que Fiscalía pretende probar, y no de actos dirigidos a intimidar a los posibles testigos.

Entorpecimiento

El fiscal alegó que aún se mantienen vigentes los riesgos procesales que se consideraron en audiencias anteriores y ameritaron la imposición y prórroga de la medida de coerción más gravosa. Añadió que cuenta con nueva evidencia de cargo que fortalece su hipótesis, lo que fue receptado por la jueza que entendió que esos nuevos elementos, con el grado de probabilidad que la etapa intermedia requiere, era suficientes para prorrogar la medida pero con las diferencias que terminó plasmando en su resolución.

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También destacó que los imputados han realizado maniobras tendientes a intentar direccionar la investigación plantando versiones que no se ajustarían a la realidad de los hechos, según se pudo reconstruir con los testimonios que se fueron sumando y constan en el legajo de Fiscalía.

En aquella línea resaltó que Sotelo borró de su celular un mensaje de whatsapp que daría cuenta del encuentro con la víctima y que Molaro intentó influenciar a los posibles testigos cuando antes del hecho y posteriormente pretendió instalar la idea de que Sotelo no estuvo en la zona cuando ocurrió el hecho, mencionando dos localidades como el lugar donde se habría encontrado.

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Dato también entendió como maniobras de entorpecimiento que Molaro habría desactivado las cámaras de seguridad de la casa de su familia para que no quedasen registros de los movimientos que realizó. La situación, según indicó Fiscalía, surgió de los mensajes que la madre, de vacaciones, le enviaba para que le informe porqué las cámaras no estaban activas.

Dato mencionó que los 90 días solicitados le permitirán concluir la acusación, añadiendo que espera los resultados de informes sobre los celulares de los acusados y de pericias a la ropa que se les secuestró. Refirió que también espera que la Fiscalía Federal regrese los celulares que se peritaron por el presunto robo de un arma que se tramita en aquella jurisdicción.

Defensas

La defensa pública no presentó objeciones a la solicitud del fiscal y solo solicitó que se permita el traslado de su asistido para dos entrevistas con profesionales de la salud mental para la realización de una pericia psicológica psiquiátrica.

Cohen y Minetti sí se opusieron. Así, le restaron poder de convicción al hecho señalando que en modo alguno entorpeció la investigación ni generó consecuencias en ella puesto que el referido mensaje fue aportado por la familia de la víctima y está en el legajo fiscal.

También señalaron que el fiscal solo se refirió a actitudes de Molaro y de su asistido únicamente mencionó la situación del mensaje. Así, solicitaron que la medida se morigere en la modalidad de prisión domiciliaria con el control de tobillera electrónica. Seguirá en el penal hasta que haya disponibilidad del aparato de control  distancia.

La defensa de Sotelo recordó que en otros casos de similar relevancia se adoptó otro temperamento e incluso mencionó uno en el que el mismo fiscal de esta causa tuvo posiciones diferentes.

Molaro, de 21 años, y Sotelo, de 24 años, están acusados del crimen de Luciano Emanuel Emeri, cuyo cuerpo fue hallado, carbonizado y con dos disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros, dentro de un Ford Fiesta blanco destruido por el fuego y su perro ejecutado a varios metros del lugar donde se halló el rodado arrasado por las llamas, aparentemente con la misma arma con la que el autor del crimen le efectuó dos disparos a Emeri, en un hecho que habría ocurrido el miércoles 4 de febrero en zona rural del Departamento Paraná, ejido de Cerrito, en inmediaciones de Curtiembre. (APFDigital)