Cajas municipales, el 19% provincial y las trampas de la «autonomía» previsional

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"La reciente media sanción en el Senado del proyecto de ley presentado por el senador José Vergara para modificar el artículo 192 de la Ley Orgánica de Municipios (N° 10.027) no es una simple adecuación técnica ni un mero avance hacia la “autonomía financiera” local. Es, en términos concretos, una barbaridad jurídica y política que mantiene profundas asimetrías previsionales mientras consagra privilegios inadmisibles para los funcionarios políticos según el municipio en el que ejerzan.

Bajo la premisa de otorgar mayor flexibilidad a las 22 cajas de Jubilaciones y Pensiones municipales de Entre Ríos, la reforma aprobada elimina el tope máximo del 16% de aporte previsional y conserva únicamente el piso mínimo del 12%. Lo que se presenta como un remedio contra el déficit actuarial oculta una profunda asimetría respecto del régimen provincial y de los municipios que integran el sistema general.

Hoy, un trabajador o funcionario que aporta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPER) realiza un aporte obligatorio del 19%. La reforma mantiene así la posibilidad de que un funcionario político de una ciudad con caja propia —como Federación o Colón— aporte hasta 7 puntos porcentuales menos que un funcionario de Concordia o de cualquier otra localidad adherida al sistema provincial. ¿Con qué criterio de equidad o de solidaridad social se justifica que la planta política de un municipio aporte sustancialmente menos que la de otro por el solo hecho de contar con una estructura previsional local?

La asfixia programada

Pero la trampa de fondo es aún mayor: pretender solucionar el problema previsional modificando las alícuotas de las cajas locales es ignorar deliberadamente quién genera el verdadero agujero negro del sistema. El déficit previsional en Entre Ríos es una «asfixia programada» producida por la propia evasión de aportes en la que incurre el Estado provincial y municipal.

El rojo de la Caja de Jubilaciones no surge por casualidad ni por el mero aumento de la expectativa de vida. Es consecuencia directa del pago de salarios con más del 50% en códigos no remunerativos: se ha consolidado una estructura en la que más de la mitad del haber de funcionarios y empleados públicos se liquida mediante sumas “en gris”, no bonificables o no remunerativas.

Al pagar en negro, el Estado actúa como el principal evasor de sus propias cajas previsionales, abonando conceptos sobre los cuales no se tributa un solo peso para las jubilaciones de hoy ni del futuro.

A esto se suma la precarización del empleo público. El sostenimiento masivo de trabajadores bajo la figura de contratos de obra, locación de servicios, contratos basura y otras formas análogas “en negro” destruye la relación entre aportantes y beneficiarios. Son miles de agentes prestándole servicios al Estado sin realizar una sola contribución ni aporte al sistema previsional.

No se puede hablar de austeridad, sustentabilidad ni de responsabilidad fiscal mientras se vacía la base de ingresos del sistema a través de la precarización y la informalidad salarial promovidas desde los propios despachos oficiales. Decir que el sistema quebró por culpa de los jubilados mientras el Estado evade aportes con códigos no remunerativos no es solo un diagnóstico falso; es una maniobra para justificar el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Cómplice de esta situación es la actual gestión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que, conociendo los recientes fallos que declaran la inconstitucionalidad de los códigos no remunerativos, no resuelve denuncias concretas ni realiza las auditorías que demostrarían la verdadera dimensión del fraude.

Por su parte, los municipios son los autores materiales del delito de evasión al no informar correctamente al organismo previsional el número exacto de agentes municipales, los códigos no remunerativos abonados y el incumplimiento del pago de la antigüedad al personal contratado.

Una reforma que no resuelve nada

La eliminación del tope del 16% en las cajas municipales no garantiza la solvencia de regímenes que, en su mayoría, no gozan de superávit estructural; por el contrario, habilita un margen de discrecionalidad política para fijar aportes a medida y consolida desigualdades que terminaremos pagando todos los entrerrianos.

La verdadera reforma previsional no se logra manteniendo la posibilidad de que la planta política local aporte sustancialmente menos que quienes integran el régimen provincial. Exige blanquear los salarios de manera transparente, erradicar la contratación precarizada en el Estado y garantizar la estricta igualdad de cargas entre todos los que ejercemos la función pública en la provincia.

El proyecto de ley del senador Vergara convalida inequidades y fragiliza el patrimonio de los trabajadores. No pretende más que una "cobertura legislativa" para encubrir el fraude previsional del propio Estado.

Por eso, el debate en la Cámara de Diputados debe marcar una divisoria de aguas ética y política: o los legisladores eligen actuar como escribanía del ajuste, convalidando privilegios para las plantas políticas y la complicidad con la evasión municipal, o asumen la responsabilidad histórica de defender el salario de los trabajadores, la transparencia institucional y la dignidad de las jubilaciones entrerrianas", concluyó Petit (APFDigital)