Los abogados de Cristina Kirchner presentarán nuevas pruebas a su favor en la Causa Vialidad

Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego aseguraron que los peritajes demuestran que las empresas de Lázaro Báez recibieron menos del 1% de los fondos del fideicomiso vial. Además, sostuvieron ante la ONU que el proceso vulneró garantías y tuvo como objetivo impedir una futura candidatura de la expresidenta.
martes 15 de septiembre de 2026 | 16:53hs.

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron este martes que aportarán nuevas pruebas que sostienen la inocencia de la expresidenta en la causa Vialidad. "Estabámos convencidos que la verdad iba a salir a la luz", sostuvo Carlos Alberto Beraldi, en conferencia de prensa.

Según los letrados, las empresas de Lázaro Baéz no habrían sido beneficiadas por los Fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, por el cual fue condenada. "La imputación es falsa", continuó Beraldi. En tanto, el brasileño Rafael Valim, agregó: "No hay ningún fundamento fáctico para condenarla".

Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego citaron a la prensa a las 15hs en el NH Hotel, ubicado en Microcentro, para comunicar "información de relevancia" referida a la comunicación individual que presentaron a finales de julio ante el Comité de Derechos Humanos de ONU, en la que documentaron un total de ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el proceso judicial contra la exmandataria.

En la presentación, los abogados aseguraron que el juicio constituyó una violación de múltiples garantías y remarcaron que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral" de Kirchner. "La condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones”, afirmaron y agregaron que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.

En el documento elevado a la ONU también cuestionaron la legalidad de la condena. Consideraron que “se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente” y que la sentencia “se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente”. Además, denunciaron que “se impidió una adecuada defensa”.

La nueva prueba surgida de la causa Cuadernos

Beraldi precisó que la fiscalía había presentado como testigo en la causa Cuadernos a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad, quien exhibió una planilla de Excel con el detalle de la distribución de los fondos del fideicomiso. “Nosotros no habíamos podido ver eso antes”, señaló.

Según explicó, al tratarse de información completa sobre los fondos destinados a obra pública a través de ese fideicomiso, la defensa solicitó la documentación e inició una investigación. “Encontramos una prueba determinante”, sostuvo Beraldi, y detalló que, si bien la inversión destinada a la Dirección Nacional de Vialidad durante las presidencias de Cristina Kirchner fue “enorme”, lo asignado a las empresas de Lázaro Báez representó menos del 1%.

Según explicaron, la información fue obtenida a partir de documentación sobre la distribución de los fondos del fideicomiso investigado en Vialidad y fue presentada por Rafael Valim en el informe “Evolución de los desembolsos del Presupuesto Nacional RA 2009 a 2015”.

De acuerdo con el análisis de la defensa, las empresas vinculadas a Lázaro Báez habrían recibido apenas el 1% de los recursos, mientras que otros grupos empresarios habrían concentrado porcentajes mayores. Entre ellos, los abogados mencionaron a firmas vinculadas al entorno del primo del expresidente Mauricio Macri, que habrían recibido casi el 16% de los fondos.

Para la defensa, estos datos cuestionan el argumento de que el fideicomiso fue utilizado para beneficiar particularmente a las empresas de Báez.

El futuro electoral de Cristina

La estrategia judicial también apunta a recuperar el derecho de Cristina Kirchner a competir electoralmente. Sus abogados sostienen que la inhabilitación perpetua impuesta en la causa Vialidad restringe sus derechos políticos y que el proceso tuvo como objetivo impedirle presentarse a futuras elecciones.

En ese marco, buscan que una eventual intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU permita revertir esa prohibición y despejar el camino para una nueva candidatura. (APFDigital)