Ley de Glaciares: La Pampa y San Juan presentaron propuestas encontradas
Durante el primer tramo de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, funcionarios de distintas provincias dejaron plasmadas ambas posturas en torno al proyecto.
Segunda expositora en hablar en la jornada presencial de este miércoles, Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, aseguró que en su provincia existe "una memoria hídrica dolorosa" y, por eso, "el agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia. Nosotros somos una provincia aguas abajo, eso quiere decir que nuestro presente y, sobre todo, futuro, depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio. Y por eso este debate no es ajeno, es central".
"Todos los ambientes glaciares y periglaciares son reservas estratégicas de agua dulce y ocupan tan solo el 0,3% del territorio nacional, sabemos que están retrocediendo, que la nieve disminuye, que los deshielos se adelantan y eso ya está afectando a los caudales de nuestros ríos. En este contexto, flexibilizar la protección de estos sistemas no es una decisión neutra, es una decisión que aumenta el riesgo", advirtió en declaraciones que reprodujo parlamentario.com.
La funcionaria mencionó que en su provincia el 70% de la población depende del río Colorado, "alimentado por ambientes glaciares y periglaciares en la cordillera de Mendoza". En ese sentido, mencionó que "un punto clave es la interjurisdiccionalidad" ya que "los ríos no reconocen límites políticos".
Al recordar el caso del río Atuel, Basso señaló que fue "una historia de decisiones unilaterales aguas arriba, que generaron desertificación, pérdida de biodiversidad, deterioro productivo y desplazamiento de poblaciones. Una herida hídrica que sigue abierta siete décadas después".
"Por eso hoy no podemos mirar esta reforma con ingenuidad, porque sabemos que cuando se debilitan los controles, cuando se fragmentan las reglas y cuando se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables", aseveró.
La secretaria de Ambiente afirmó que "en este contexto no es constitucional, ético ni responsable flexibilizar la protección de nuestros glaciares, representando un avasallamiento del federalismo ambiental". "La Pampa rechaza la modificación de la Ley de Glaciares, porque sin agua no hay presente ni futuro, y defenderla es nuestra responsabilidad", cerró.
Desde la postura a favor de la modificación de la ley habló Gustavo Emilio Fernández, ministro de Producción de San Juan, quien expresó el apoyo a esta reforma por parte del gobernador Marcelo Orrego, lo que despertó abucheos.
El funcionario apuntó "la falsa dicotomía que existe entre actividades nobles y lícitas, como la minería, en relación con el eficiente y sostenible uso del agua o el desarrollo de una matriz productiva diversa". "San Juan es una provincia montañosa y desértica, solo el 3% de su territorio pertenece a oasis donde conviven la población y agricultura. Nadie mejor que nosotros, estamos comprometidos con la defensa del agua y los glaciares, pero la geografía nos define y la minería resulta ineludible para nuestras posibilidades", manifestó.
Tras describir la matriz productiva sanjuanina, Fernández dijo: "En mi provincia mayoritariamente los empleos mineros son locales y tiene capacidad de desarrollar al resto de las actividades", como por ejemplo, con infraestructura.
El ministro detalló que el 81% del agua que se consume es en actividades agrícolas, el 16% en consumo humano "y solo el 3% corresponden a las concesiones para el uso del agua a la minería", actividad que podría "ayudar a los productores agrícolas a utilizar más eficientemente el agua", expresó.
"La ineficiencia de los canales de distribución primaria han sufrido 20 años de abandono por parte del gobierno kirchnerista, que los abandonó y los dejó sin mantenimiento", lanzó y fue aplaudido por el oficialismo. "La minería está ayudando con inversiones y recursos para nuevos sistemas de distribución de riego" y también con inversiones al gobierno local "para la implementación de programas de reconversión agrícola", destacó. (APFDigital)