Concejales justicialistas expresaron su preocupación por la discontinuidad del programa Volver al Trabajo
La iniciativa, que tomó estado parlamentario y fue girada a comisión, manifiesta “el rechazo a la discontinuidad o modificación del VAT, sin garantías de continuidad de ingresos para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. En ese marco, se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional “la prórroga del VAT hasta tanto se evalúe su impacto social y económico y se garanticen mecanismos que aseguren la continuidad de ingresos y mecanismos efectivos de inserción laboral”.
En los fundamentos, se advirtió que la medida nacional “genera una situación de extrema preocupación ante la falta de definiciones y certezas respecto a la reestructuración de los programas”. Además, se consideró que “la eliminación o reducción de estas políticas configura un riesgo concreto de regresividad en derechos sociales”.
También, se destacó “el rol del Salario Social Complementario al sostener que constituye una herramienta de reconocimiento del trabajo existente en condiciones de informalidad, y no un mecanismo de asistencia, ya que complementa ingresos de actividades productivas, comunitarias y de cuidado”.
En ese sentido, se subrayó que las políticas de economía popular “no sustituyen el empleo formal, sino que reconocen, organizan y fortalecen formas de trabajo ya existentes en el territorio, por lo que su eliminación implica no sólo la pérdida de ingresos, sino el riesgo de desarticulación de estructuras productivas y comunitarias consolidadas”.
Según se detalla en el proyecto, a enero de 2026 más de 1,1 millones de personas percibían estos programas a nivel nacional, mientras que en Entre Ríos alcanzaban a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, con impacto directo en la economía barrial.
En ese marco, advirtió que la decisión del gobierno Nacional “se produce sin garantizar alternativas que aseguren ingresos ni contemplen el crecimiento sostenido del trabajo no registrado”, y agregó que “más del 90 por ciento de los ingresos provenientes de estos programas se destinan al consumo básico, especialmente alimentos”.
Por último, se sostiene que el contexto actual —marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la precarización laboral— agrava la situación social, y se afirmó que “la combinación de pérdida de ingresos, aumento de la informalidad, encarecimiento de los costos básicos y retracción del Estado configura un escenario de alta vulnerabilidad social que requiere respuestas integrales y sostenidas”. (APFDigital)