2026-07-29

Fiscalía presentó las evidencias que tiene contra un ex funcionario acusado de Enriquecimiento ilícito

Se trata de la causa que investiga al ex funcionario público, Juan José Canosa, por un presunto enriquecimiento ilícito durante el periodo comprendido entre 2004-2016. En la audiencia del martes 28 su esposa, la funcionaria judicial, Paula Montefiori, fue sobreseída. Fiscalía detalló las evidencias de cargo y el jueves responderá la defensa en audiencia que se realizará a partir de las 9.

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso este miércoles un cuarto intermedio en la audiencia de remisión a juicio de la causa en la que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Juan José Canosa, abogado que fue presidente de Sidecreer, interventor de la empresa de vuelos LAER, secretario Legal y Técnico de la Legislatura entrerriana y actualmente es empleado como asesor en la Legislatura, y ejerce la profesión liberal.

La audiencia de remisión comenzó el martes 28 cuando Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la esposa de Canosa, la defensora pública del Ministerio Público de la Defensa de la provincia, Paula Montefiori, que también fue investigada en la denuncia que en su momento presentó el ex legislador y referente del radicalismo entrerriano, Raymundo Kisser contra Canosa.

Este miércoles, Fiscalía desarrolló al evidencia que pretende se debata en un juicio oral. Se trata de informes y pericias contables de peritos del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público Fiscal y los de parte.

El fiscal Gonzalo Badano detalló el presunto aumento “injustificado y desproporcionado” de Canosa año a año del período investigado. Precisó que se arribó a los montos después de analizar los ingresos que el imputado tuvo como funcionario, como profesional liberal y por distintas inversiones financieras, inmobiliarias y por la venta de distintos rodados; cotejados con los gastos por consumo de tarjetas, distintos pagos por el ejercicio de la profesión, la adquisición de cuatro lotes y un plan de viviendas que ya estaba en desarrollo, entre otras actividades.

Año a año

Fiscalía detalló que en crecimiento “injustificado y desproporcionado” que se habría verificado a partir de la evidencia, arrojó:

2004: 7.881,98 pesos

2005: 5.490, 89 pesos

2006: 119.395,97 pesos

2007: 55.214,76 pesos

2008: 92.675,03 pesos

2009: 1.432.727,03 pesos

2010: 4.598,37 pesos

2011: 87.915,55 pesos

2012: 18.582,03 pesos

2013: 48.802.20 pesos

2014: 171.458,15 pesos

2015; 1.025.769,43 pesos

2016: 2.476.023, 14 pesos

Los puntos

Badano explicó que los peritos decidieron dividir la realización de la pericia en base a dos hipótesis. Su explicación no fue precisa y requirió el esfuerzo de la contraparte y de la misma jueza para entender la decisión. En este punto la jueza le pidió, como en otros puntos no tan determinantes, que dé las explicación para poder entender la posición de la acusación.

El fiscal intentó explicar que las dos hipótesis se fundaron en que los peritos habrían advertido que hay evidencia que corrobora los supuestos del delito endilgado, en tanto que otras lo desacreditarían. Así, aportó que las evidencias aportan que las operaciones se realizaron pero no salieron del patrimonio de Canosa, en tanto que las de descargo indicarían que nunca se realizaron. En este sentido, agregó que en cualquiera de los dos escenarios, los peritos concluyeron que Canoso no tenía los recursos suficientes para hacer frente a las erogaciones ni contaba con una fuente alternativa de ingresos.

El fiscal focalizó los motivos del presunto crecimiento “injustificado y desproporcionado” en tres contratos de mutuo celebrados con la Mutual 10 de abril, que precisó que se trata de uno que se renovó dos veces por 100.000 dólares o 920.000 pesos, añadiendo en este punto que Fiscalía tomó como cifra de la acusación un muto de 10.000 dólares, puesto que posteriormente se presentaron otros inversores que precisaron que cada uno había invertido 10.000 dólares y el producido se repartía en partes proporcionales, por lo que Fiscalía solo acusa por la cifra menor.

También puntualizó en otro contrato de mutuo celebrado con un particular, por 132.000 pesos o 10.000 dólares; otro con la Mutual para la Campaña de Paraná (Amcap), de las que la defensa sostiene que se trató de un préstamo al presidente de la mutual y no de una inversión, a pesar que en el contrato se consignó que la cifra sería destinada a financiar a asociados; y en las mejoras a la casa familiar del sospechado.

La audiencia retomará este jueves a partir de las 9 cuando será la oportunidad de la defensa, a cargo de Miguel Cullen, de responder a Fiscalía y aportar la evidencia de su legajo. (APFDigital)

Te puede interesar