Sindicatos denunciaron la reforma laboral de Milei ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Representantes de distintas agrupaciones expusieron la regresión democrática que implican muchas medidas del gobierno argentino, incluida la llamada “Ley de modernización laboral” y la derogación del Estatuto del Periodista, para pedirle a la Comisión que tome medidas en pos de los derechos humanos.
El FreSU, junto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y las asociaciones nacionales de Jueces y Abogados del trabajo, participaron de la sesión 196° de la CIDH para denunciar graves consecuencias que caen sobre la clase trabajadora, la libertad sindical y el acceso a la justicia en Argentina, por culpa de distintas acciones políticas impulsadas por el gobierno de Milei.
Primero se dedicaron a resaltar las características de la reforma laboral, implementada con la Ley 27.802, que según denunciaron provoca “un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX”, ataca a las organizaciones sindicales y la jornada de 8 horas, restringe el derecho a huelga y busca jornadas laborales más extensas con salarios más bajos.
Tras participar de la reunión en Washington, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado nacional, Rodolfo Aguiar, expresó en redes sociales que “el movimiento obrero golpeó a Milei donde más le duele, en Estados Unidos”, y además sostuvo que este fue “un paso trascendental en nuestra pelea contra la reforma laboral: la vamos a terminar volteando”.
La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, expuso que la reforma ataca la conquista fundacional de la jornada de ocho horas, “instalando un banco de horas flexible que borra los límites entre lo personal y lo laboral”, y esto se da en un contexto económico difícil, donde prima la necesidad de tener varios empleos para llegar a fin de mes. “Esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares”, determinó Chevalier.
Por su parte, el secretario adjunto de SiPreBA, Francisco Rabini, señaló que la decisión del gobierno de derogar el Estatuto del Periodista Profesional “busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país”. Además, dijo que la medida forma parte de la reforma laboral y “demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga, a debilitar los convenios y a facilitar el despido”.
También denunciaron ante la CIDH la existencia de una política de persecución política y disciplinamiento. De ejemplos pusieron la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y la persecución jurídica y mediática desplegada por el gobierno contra Pablo Biró. Se trata del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que participó de acciones contra la reforma laboral, entre ellas el paro nacional realizado durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados. El mismo Biró sostuvo que le imputaron delitos penales y le hicieron saber que perseguían a su familia, “a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo”.
En la sesión, Aguiar sostuvo que “en la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar”. Tras las exposiciones, los comisionados de la CIDH solicitaron explicaciones a los representantes del Gobierno argentino por “los modos y las irregularidades a la hora de implementar la reforma laboral”, publicó Página 12. (APFDigital)