La Procuración respaldó la continuidad de la cautelar que frenó el nuevo sistema de comedores
La Procuración General de Entre Ríos se pronunció a favor de mantener la medida cautelar que suspendió la implementación del nuevo sistema de comedores escolares. En su dictamen, García sostuvo que la resolución judicial que ordenó frenar la distribución de productos con sellos de advertencia está debidamente fundamentada y que su continuidad es necesaria para garantizar una protección urgente mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La medida había sido dictada el 5 de agosto por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, a raíz de una acción de amparo presentada por padres en representación de sus hijos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce.
La resolución ordenó al Gobierno provincial abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en las escuelas públicas productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias establecidos por la Ley de Etiquetado Frontal. Al mismo tiempo, dispuso garantizar la provisión de productos que no estén alcanzados por esa prohibición, bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado.
El Gobierno provincial apeló la medida. Sin embargo, al analizar el planteo, el procurador General consideró que el recurso fue concedido de manera incorrecta. García sostuvo que, según el artículo 15 de la Ley 8.369, modificado por la Ley 10.704, las medidas cautelares no se encuentran entre las resoluciones que pueden ser apeladas, salvo los supuestos expresamente previstos por la normativa.
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Pero más allá de esa cuestión procesal, el punto central del dictamen está en la valoración que hace García sobre la necesidad de mantener la cautelar.
“Advertimos que la medida cautelar emitida está debidamente motivada y que la misma resulta necesaria en tanto lo que se encuentra en debate es la tutela de derechos colectivos vinculados a niños, niñas y adolescentes con concurrencia a Escuelas Públicas Provinciales”, sostuvo.
En esa línea, consideró que la decisión judicial se fundamenta en la necesidad de otorgar “urgente protección” a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, a quienes definió como un grupo de “preferente tutela constitucional y convencional”.
El procurador señaló además que en el caso están involucrados distintos derechos reconocidos por la Constitución provincial y por normas nacionales e internacionales, entre ellos “la vida, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la salud, la alimentación, la defensa de los usuarios de bienes y servicios y a la educación”.
“Absolutamente necesaria y correcta”
García sostuvo que la cautelar permite que la discusión de fondo pueda desarrollarse y evaluarse con mayor profundidad, teniendo en cuenta que involucra a un colectivo especialmente protegido.
Debido a ello, y más allá de la discusión sobre si resulta apelable, lo cierto es que “la medida cautelar acude a permitir desarrollar y evaluar exhaustivamente la discusión de fondo”, afirmó.
Y agregó que, por las características del caso, que involucra a niños, niñas y adolescentes, corresponde propiciar el mantenimiento de la medida.
“La disposición de la medida cautelar ordenada es, en el caso, absolutamente necesaria y correcta por lo que deviene irrazonable que se revoque la misma pues se dejaría sin tutela judicial urgente al colectivo que lo requiere”, sostuvo García.
El dictamen también advierte sobre la posibilidad de que una eventual afectación de esos derechos no pueda ser reparada posteriormente. En ese sentido, el procurador señaló que existe “riesgo de imposible o dificultosa reparación ulterior”.
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Con esos argumentos, la Procuración General opinó que el Superior Tribunal de Justicia debe declarar “inadmisible por mal concedido” el recurso de apelación presentado por el Gobierno provincial y, como consecuencia, mantener vigente la medida cautelar.
El pronunciamiento de García no resuelve la cuestión de fondo sobre el nuevo sistema de comedores escolares, sino que se refiere a la continuidad de la medida provisoria que mantiene suspendida su implementación en los términos establecidos por el juez Malvasio.
La decisión final sobre el recurso presentado por el Gobierno quedará ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.(APFDigital)