Contratos Truchos: Fiscalía de Estado defendió su rol como actor civil para lograr el recupero de miles de millones sustraídos a las arcas del Estado
Fiscalía de Estad (FE) sostuvo su rol como actor civil en la causa que investiga la presunta sustracción de miles de millones de pesos de las arcas del Estado en la modalidad de contratos de obra celebrados durante la década 2008-2018 en las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue categórico al sostener la autonomía del organismo de control para exigir el recupero de las millonarias sumas que se presume fueron sustraídas con la supuesta complicidad de autoridades de ambas Cámaras, funcionarios, ex funcionarios y particulares.
La audiencia se realizó ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, para escuchar los planteos de las partes respecto de la resolución que adoptó la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, que rechazó los pedidos de las defensas en 1 de julio. Castagno dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 20 a las 9, cuando se abordarán los planteos contra la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), que no estuvo presente en esta audiencia con previo aviso.
Tras escuchar los planteos de las defensas respecto de la aludida falta de legitimidad activa y pasiva y de prescripción de los hechos que se investigan desde el 20 de septiembre de 2018, cuando se tomó conocimiento del supuesto ardid, Rodríguez Signes sostuvo la autonomía “técnica, presupuestal y funcional” del organismo, incluso sostuvo que aquella autonomía es reconocida por el mismo Poder Ejecutivo y añadió que su participación como actor civil no depende de la resolución de ningún otro organismo de control. Aquel día, un grupo de tres personas fue detectado por un policía cuando, con varias tarjetas de débito, retiraban dinero de un cajero automático, comenzado el proceso que puso en jaque al sistema político entrerriano.
“Mi presencia acá no depende de la intervención de ningún otro organismo, ni siquiera del Poder Ejecutivo” sostuvo el fiscal de Estado, y añadió que en algún caso le podrá pedir autorización para llegar a algún acuerdo resarcitorio para el Estado. La posición de FE fue en respuesta a los planteos de las defensas de los 19 imputados que llegarían a juicio –si no se opta por nuevas salidas alternativas al debate plenario- entre los que se encuentran varios integrantes del Tribunal de Cuentas que fueron imputados del supuesto delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público. El resto de los imputados, funcionarios y ex funcionarios, fueron acusados del delito de Peculado.
Las defensas cuestionaron que FE no puede exigir la reparación económica a los sospechados del TC porque el delito que se les imputa no habría generado un daño patrimonial al Estado. En este sentido la pregunta que se sostuvo durante toda la audiencia fue “¿por qué deberían responder por un daño que no se les atribuye?”.
Las defensas también destacaron que FE reconoció la imposibilidad de demandar puesto que en una audiencia ante Barbagelata solicitó un plazo extraordinario de 30 días para esperar el informe del TC, pedido que le fue denegado por la magistrada, que le sugirió que podía desistir de participar del juicio penal y optar por la vía civil.
Las defensas también hicieron hincapié en la supuesta contradicción de exigir una reparación a personas que son imputadas de un delito que no habría generado daño patrimonial al Estado. FE entendió que el reclamado dictamen del TC no es vinculante para determinar si FE se presenta o no como actor civil. También argumentó que en la audiencia no se escucharon planteos novedosos, siendo una repetición de los que fueron realizados en otras etapas y fueron respondidos por Barbagelata. (APFDigital)