El defensor general opinó que el nuevo régimen penal juvenil "es un atraso terrible que va a generar sufrimiento"
La inminente aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional, prevista para comenzar el 5 de septiembre, ha despertado una profunda preocupación en los organismos de defensa pública. El Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, analizó el impacto que tendrá esta reforma y marcó una fuerte postura crítica al advertir que la norma no resolverá los problemas de seguridad ciudadana y, por el contrario, representará un severo retroceso humanitario.
La falacia de la baja de imputabilidad como solución al delito
Para Benítez, la ley nacional busca responder a una demanda social de mayor seguridad mediante el aumento de la punibilidad y el encierro. Sin embargo, el funcionario fue categórico al señalar que bajar la edad de punibilidad no hace que baje el delito, según publicó Debate Abierto.
Para fundamentar su postura, expuso datos que derriban mitos muy arraigados: En la provincia de Entre Ríos, en lo que va del año, se registró un solo homicidio cometido por un menor dentro de esta franja etaria, evidenciando que el delito juvenil es mínimo en el territorio litoraleño.
Argentina registra una tasa de 3,7 homicidios cada 100.000 habitantes, un índice muy inferior al de países de la región que tienen edades de punibilidad más bajas.
Por ejemplo, la República Oriental del Uruguay, donde la edad es de 13 años, posee una tasa de 10,07 homicidios (tres veces más alta); mientras que Brasil y México, con edades de punibilidad de 12 años, registran tasas de 23 y 22 homicidios respectivamente.
"La seguridad no pasa por los niños, niñas y adolescentes. El problema de seguridad ciudadana pasa mucho más por las personas mayores", sentenció Benítez.
La judicialización de los conflictos escolares y el colapso carcelario
Uno de los aspectos más alarmantes que introduce la nueva normativa es la ampliación de la punibilidad a delitos menores que antes no eran punibles para los menores de 16 a 18 años, como las amenazas o las lesiones leves.
Con la aplicación literal de la ley, una pelea de un niño en la escuela va a generar un expediente judicial.
Este aumento exponencial de causas judiciales chocará de frente con un sistema carcelario que ya se encuentra desbordado.
Benítez detalló que la Argentina posee una de las tasas de prisionalización más altas de la región, con 288 presos cada 100.000 habitantes, lo que duplica el promedio mundial de 144. "La cantidad de presos ha aumentado muchísimo y no ha habido consecuente a eso una inversión en los lugares de detención, que siguen siendo casi los mismos de hace un siglo", denunció, citando como ejemplo
la cárcel de Concordia, que data de la década de 1880. La única cárcel nueva construida en Entre Ríos es la Unidad N° 9 de Gualeguaychú.
La alternativa entrerriana: mediación y docencia
Ante el duro escenario que plantea la ley, la cual calificó como un atraso terrible que va a generar sufrimiento físico, psíquico y de todo tipo, Benítez abogó por utilizar la madurez institucional de la provincia para mitigar la punitividad mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación, la conciliación y la probation.
Recordó que las convenciones internacionales con rango constitucional exigen que la privación de la libertad de un menor sea utilizada únicamente como último recurso.
Asimismo, adelantó que la Defensoría está diseñando protocolos junto al Ministerio Público Fiscal y planea ingresar a las escuelas entrerrianas para hacer docencia y concientizar a los alumnos sobre los alcances de la ley. "Creo que la docencia es algo muy importante en las escuelas, pero también tenemos que saber cómo podemos llegar a los chicos que lamentablemente no concurren a ella", concluyó el defensor, mientras el Consejo Federal de Defensores Públicos insiste con un pedido formal de suspensión de la ley ante la evidente falta de condiciones para su implementación. (APFDigital)