Tres meses después, el Senado vuelve a tratar la reforma en Salud Mental

A más de cien días del último encuentro, el Senado reactiva el debate del proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental. Será en el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General convocado para el próximo miércoles 9 de septiembre a las 15.00 y será la cuarta reunión informativa desde que comenzó el tratamiento en abril pasado.

La última vez que se reunió el plenario de las comisiones que presiden Ivanna Arrascaeta, Salud, y Nadia Márquez, Legislación General, fue el 20 de mayo cuando el Salón Azul recibió a la exposición de más 30 especialistas. En aquella oportunidad se destacó la intervención de la exdiputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, quien definió que “detrás de cada vacío legal hay familias destruidas y hay pacientes que podrían haberse salvado si el sistema hubiese llegado antes”.

Trascendió, a mediados de agosto, una reunión virtual entre la jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con el ministro de Salud, Mario Lugones, en donde escucharon a los funcionarios provinciales del área para acercar posiciones con la intención de avanzar con este proyecto de reforma.

Según Parlamentario, La Libertad Avanza hará un intento porque la reunión convocada por Salud y Legislación General pueda culminar con la firma del dictamen.

Los ejes de la reforma a la Ley 26.657

El proyecto amplía el objeto de la Ley de Salud Mental, que ya no estará limitado a la protección de derechos, sino que incorporará también acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria. En paralelo, la iniciativa refuerza el enfoque médico dentro del sistema al otorgar un rol central a la mirada técnico-médica y establecer que los equipos interdisciplinarios deberán contar obligatoriamente con al menos un médico psiquiatra.

Otro de los cambios centrales es la incorporación de las adicciones como parte de las políticas de salud mental. El consumo problemático de sustancias quedará integrado formalmente al área y la autoridad de aplicación podrá establecer dispositivos específicos para su abordaje, tanto ambulatorios como de internación. A su vez, se modifica el criterio de riesgo que habilita determinadas intervenciones, al reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según el Poder Ejecutivo, el cambio busca evitar interpretaciones restrictivas que puedan derivar en inacción.

En cuanto a las internaciones involuntarias, el proyecto mantiene su carácter de recurso terapéutico excepcional, pero incorpora un “criterio situacional” que permitirá evaluar los antecedentes, los hechos previos y la evolución probable de la persona sin tratamiento. Para disponer la internación se requerirá el dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra. En situaciones excepcionales, un único médico podrá disponer la medida, aunque deberá ser revalidada dentro de las 24 horas.

La iniciativa también establece nuevas pautas para la intervención judicial. El juez deberá ser notificado dentro de las 24 horas de dispuesta una internación y contará con tres días para autorizarla, solicitar información adicional o rechazarla. Además, podrá ordenar una internación cuando el sistema de salud se niegue a realizarla pese a que se encuentren cumplidos los requisitos establecidos por la ley. Las altas y externaciones, en tanto, quedarán a cargo del equipo de salud y no requerirán autorización judicial, mientras que se habilitarán medidas protectorias posteriores al alta por un plazo de hasta seis meses.

El proyecto incorpora además modificaciones vinculadas con los establecimientos que forman parte de la atención en salud mental. Se reconoce expresamente a los hospitales especializados en psiquiatría y a las clínicas privadas como integrantes de la red sanitaria, y se prohíbe rechazar pacientes por tratarse de problemas de salud mental. También se modifican artículos del Código Civil y Comercial referidos a las internaciones sin consentimiento, los traslados de urgencia y el consentimiento informado, con el objetivo de adecuarlos al nuevo criterio de riesgo grave.

Por último, la iniciativa propone cambios en el Mecanismo de Prevención de la Tortura. Las inspecciones en establecimientos donde se encuentren personas con afecciones de salud mental deberán realizarse exclusivamente mediante equipos interdisciplinarios que cuenten obligatoriamente con un médico psiquiatra. De esta manera, el proyecto busca modificar tanto los criterios de atención y tratamiento como las condiciones y procedimientos para las internaciones y los controles sobre los establecimientos de salud mental. (APFDigital)