Causa Adorni: el fiscal Pollicita no ve enriquecimiento ilícito, pero pidió investigar una posible evasión
El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por la función pública y solicitó que la investigación deje de tramitar bajo esa hipótesis. En cambio, pidió que el expediente sea enviado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para analizar una posible evasión tributaria.
El dictamen, al que accedió Infobae, sostiene que no pudo descartarse que el capital cuestionado por los investigadores hubiera sido obtenido antes de que Adorni ingresara al Poder Ejecutivo, en diciembre de 2023. Por eso, la Fiscalía entendió que no se pudo acreditar que el incremento patrimonial investigado tuviera origen en el ejercicio de un cargo público.
La decisión no implica un sobreseimiento ni el cierre de la investigación. El planteo debe ser analizado por el juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que resolver si acepta el cambio de competencia y remite las actuaciones al fuero Penal Económico.
Cómo comenzó la investigación sobre el patrimonio de Adorni
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y buscó determinar si el patrimonio de Adorni había aumentado de manera injustificada desde su ingreso a la administración nacional. El período central analizado por la fiscalía comprendió desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 27 de junio de 2026, fecha en que dejó la función pública.
La investigación reunió declaraciones juradas, documentación bancaria y tributaria, testimonios, operaciones inmobiliarias y registros de gastos. También incorporó información sobre el patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, debido a que parte de los bienes y movimientos económicos estaban registrados a nombre de ambos.
En agosto, Pollicita había presentado un requerimiento de justificación patrimonial de 207 páginas, en el que identificó 20 puntos que consideraba necesario aclarar. Entre ellos figuraban el origen de los dólares declarados, la compra de propiedades, los préstamos familiares, las refacciones, los viajes, los gastos con tarjetas y las operaciones con criptomonedas.
Los números que habían generado dudas
Uno de los principales elementos del expediente fue la diferencia detectada entre los ingresos comprobados del grupo familiar y los gastos registrados durante el período investigado.
Según el dictamen, los ingresos lícitos acreditados de Adorni y Angeletti alcanzaron los $229.752.283,20. En cambio, los gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos analizados sumaron $272.820.832,20, lo que dejó una diferencia de $43.068.549 que la fiscalía había considerado necesario explicar.
A eso se sumaron desembolsos por US$402.578,12. De ese total, US$374.081,66 habrían sido abonados en efectivo. La documentación incorporada contempló gastos vinculados con propiedades, reformas, mobiliario, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
Parte de esas operaciones se habría realizado fuera del sistema bancario o con intervención de terceras personas. Esos movimientos fueron incluidos entre las cuestiones que la defensa debió responder.
La explicación de Adorni: ahorros y operaciones con Bitcoin
La respuesta de la defensa se apoyó principalmente en una inversión realizada antes de que Adorni ingresara a la función pública. Según el escrito presentado ante la Justicia, entre 2014 y 2018 habría operado con ocho direcciones de Bitcoin y destinado cerca de US$200.000 a la compra de esos activos digitales.
La defensa sostuvo que la posterior liquidación de esas inversiones produjo US$591.544,61, que el exfuncionario conservó en efectivo y utilizó para afrontar distintos gastos. También afirmó que el patrimonio familiar tenía sustento en ingresos y ahorros acumulados durante años.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con las pruebas disponibles. La cuestión resultó central para el cambio de criterio: si los fondos que permitieron financiar las adquisiciones se habían generado antes de diciembre de 2023, no alcanzaba con demostrar un incremento patrimonial durante el período investigado para sostener que ese aumento se había producido como consecuencia del ejercicio de la función pública.
Qué pudieron comprobar las pericias sobre las billeteras
La fiscalía había solicitado verificar las ocho direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa. La diligencia técnica permitió comprobar que las claves privadas estaban bajo control de los representantes de Adorni al momento del procedimiento y que podían utilizarse para producir firmas digitales válidas.
También se constató que las direcciones habían tenido actividad entre 2014 y 2018 y que actualmente no registraban saldo. Sin embargo, el informe de la Policía Federal advirtió que la tecnología blockchain no permite identificar por sí sola quién controlaba una billetera en un momento determinado ni establecer desde cuándo una persona tenía acceso a sus claves.
De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas de intercambio. Los restantes se vincularían con servicios del exterior cuyos plazos de conservación de información ya habían vencido. Por eso, la pericia no pudo reconstruir con certeza todas las operaciones, sus contrapartes ni las condiciones en que se realizaron.
Para la Fiscalía, esas limitaciones fueron determinantes: no permitieron corroborar definitivamente el relato de Adorni, pero tampoco desacreditarlo. El informe consideró técnicamente consistente la posibilidad de que quien actualmente controla esas direcciones también las hubiera administrado entre 2014 y 2018.
Las propiedades y las operaciones que estuvieron bajo análisis
Dos operaciones inmobiliarias concentraron buena parte de las preguntas de los investigadores: la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y la adquisición de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.
La casa de Indio Cuá fue escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Angeletti por US$120.000, más US$5.000 correspondientes al ingreso al barrio privado. Para financiar la operación, el matrimonio tomó un préstamo privado de US$100.000, garantizado con una hipoteca sobre otro departamento que poseían en Parque Chacabuco. Los US$20.000 restantes fueron informados como un pago en efectivo.
El préstamo fue otorgado por dos mujeres, Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio. De acuerdo con la documentación examinada, una aportó US$85.000 y la otra US$15.000. El acuerdo establecía una devolución en dos años y una tasa anual del 11%.
Las refacciones de esa propiedad también generaron diferencias entre las versiones incorporadas al expediente. El contratista Matías Tabar declaró que había cobrado US$245.000 en efectivo y sin facturas. Adorni, en cambio, sostuvo que las obras costaron US$175.000 y que fueron financiadas con ahorros anteriores a su ingreso al Estado.
La segunda operación fue la compra, en noviembre de 2025, de un departamento en la calle Miró por US$230.000. Según la información reunida, Adorni habría aportado US$30.000 en efectivo y financiado los US$200.000 restantes mediante una hipoteca privada, sin intereses, con las anteriores propietarias, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.
Además, Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras y vinculado con la operación, declaró haber financiado trabajos de reforma por US$65.000. Tanto las condiciones de esos préstamos como el origen del dinero utilizado para las compras y las obras formaron parte de los puntos que la defensa debió explicar.
Los gastos con tarjetas de empleados y la intervención de terceros
Otro capítulo de la investigación estuvo relacionado con compras realizadas con tarjetas de crédito de personas que trabajaban en el entorno de Adorni. La fiscalía pidió explicaciones sobre operaciones vinculadas con la vivienda de Indio Cuá, entre ellas la adquisición de ropa blanca, colchones y equipamiento tecnológico.
En el expediente figuraron consumos por más de $8,1 millones en ropa blanca y otros productos para la vivienda, además de compras de proyectores y un monitor. Una empleada de la Vocería Presidencial, Gisela Kocsis, declaró que había realizado compras a su nombre y que Adorni le reintegraba el dinero en efectivo.
La defensa sostuvo que algunas de esas operaciones estaban relacionadas con tareas de asistencia personal y laboral, y que otras habían sido compras puntuales cuyos importes se devolvieron posteriormente. También afirmó que los colchones y la ropa blanca habían sido abonados en efectivo por Angeletti.
La intervención de terceros en pagos y adquisiciones fue uno de los aspectos que la fiscalía consideró necesario examinar, tanto por su relación con las declaraciones juradas como por la trazabilidad del dinero utilizado.
Por qué ahora se investiga una posible evasión tributaria
Aunque Pollicita consideró que no se pudo sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública, el dictamen señaló que todavía existen cuestiones que podrían tener relevancia tributaria.
Uno de los puntos centrales es que la propia defensa reconoció que parte de la información incorporada en las declaraciones juradas rectificativas correspondía a bienes y fondos que no habían sido declarados anteriormente. También explicó que los ahorros familiares se habían mantenido fuera del sistema bancario y sin exteriorizar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Por eso, el fiscal pidió que se investigue el origen de los ingresos profesionales utilizados para comprar Bitcoin, la posterior venta de esos activos, la tenencia de dólares no declarados, las operaciones con criptomonedas y las diferencias entre la información suministrada a plataformas como Binance y la presentada ante organismos públicos.
También incluyó los préstamos cuya entrega efectiva de fondos no habría quedado acreditada. La Justicia Penal Económica deberá determinar si existieron omisiones en las declaraciones de Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales, y analizar cada período fiscal.
El fiscal solicitó además que se extraigan testimonios para investigar las operaciones de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y del contratista Matías Tabar. También pidió remitir actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
Qué puede pasar ahora
El próximo paso depende de la decisión del juez federal Ariel Lijo. Si acepta el planteo de Pollicita, el expediente será remitido al fuero Penal Económico para que se investigue la posible existencia de delitos tributarios.
Eso no significa que la Justicia haya determinado que Adorni cometió evasión, ni que haya quedado probado que todo el dinero cuestionado provino de las operaciones con Bitcoin. El dictamen establece que la hipótesis de enriquecimiento ilícito no pudo sostenerse con la prueba reunida, pero deja abiertas otras líneas de investigación.
La diferencia es importante: una cosa es determinar si un funcionario aumentó injustificadamente su patrimonio mientras ejercía un cargo público y otra es establecer si declaró correctamente sus ingresos, bienes y operaciones ante los organismos fiscales. La causa ahora puede avanzar sobre esta segunda cuestión, mientras el juez debe resolver el pedido de cambio de fuero, publicó Infobae. (APFDigital)