“El jurado popular fue el arma que mi hijo tuvo para defenderse” dijo en el Senado la mamá de un chico asesinado

Los senadores que integran las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, escucharon las posturas de distintas organizaciones que marcaron diferencias con el proyecto de reforma que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. También se expresó el coordinador General de la Secretaría de Justicia de la provincia.

La Sala de reuniones de Comisión de la Cámara Alta estaba llena. Al menos una decena de abogados acompañaron a los representantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer), representada por Carla Cusimano, que concurrió con María de los Ángeles Lencina, madre de un joven que fue asesinado y su caso fue el primero en Entre Ríos en realizarse ante un jurado popular; el  vicepresidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, José Ostolaza; el presidente de la Asociación Pensamiento Penal distrito Entre Ríos (APP), Miguel Ángel Cullen; el director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Julián Alfie, y el representante de la Filial Entre Ríos de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), Elvio Garzón, quienes habían manifestado por nota a los senadores su intención de ser escuchados.

“El pueblo lo defendió a mi hijo”

María de los Ángeles Lencina, al final de la reunición habló con APFDigital y se mostró “agradecida por haber sido invitada”, y respecto del ecuentro, opinó que “es positivó, me pareció,  que la ley siga así, que no se reforme, como dije, me gustaría que todos tengan la oportunidad y la esperanza que tuve con el juicio por jurados, que no importa que todos somos víctimas, que los familiares de víctimas todos tengan esa oportunidad y esa esperanza que tuvimos nosotros de justicia, que con el juicio por jurados se pudo lograr”.

La mujer refirió a una parte de su testimonio ante los senadores y destacó: “Como también dije en un relato a los senadores, mi consuelo es pasar por la cárcel, porque vivo cerca de ahí, saber que ahí está el asesino de mi hijo. Ese es mi consuelo”. También agregó: “Confié plenamente siempre en el jurado popular, que el jurado popular iba a ser el arma que mi hijo no tuvo ese día para defenderse, ese día fue el pueblo para mi hijo, el pueblo lo defendió a mi hijo ese día”.

Miedos y desconfianza

Al término de la reunión, que en la superficie dejó conformes a todos, el senador Jaime Bendetti, que durante el debate planteó sin ambages su “desconfianza” en el jurado popular, posición que defendió con suficiente convicción pero débiles argumentos, manifestó a APFDigital que “lo que nos quedó es una reunión que se hizo un poco más extensa de lo que estaba planeado por, precisamente, lo enriquecedora que fue, por lo interesante de los planteos. Fue muy emotivo por el testimonio de una víctima, esta es, en principio la primera reflexión”

Consultado sobre sus cuestionamientos, sobre todo respecto a la “desconfianza” que le genera el jurado popular respecto de los jueces técnicos –en este punto, la senadora Patrica Díaz lo interrogó “¿a la Cámara de Casación no le tenés miedo? Yo la sufro”, el senador expresó: “Las objeciones fueron más que nada preguntas para que se aclaren algunos aspectos de la herramienta que no es derecho sustancial, sino que, igual al procedimiento con jueces técnicos, es otra manera de llevar adelante los juicios y que está contemplada por la Constitución Nacional y Provincial, y estamos cumpliendo con la manda constitucional”.

No obstante añadió “pero también tenemos que atender, diría yo, un principio de realidad que impone a veces algunas limitaciones. Así como hay derechos constitucionales que no se cumplen, como el derecho a una vivienda, también hay que observar la realidad respecto de todos los derechos que se establecen y vamos debatir entre todos para llegar a una conclusión”.

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón opinó que “fue una reunión muy positiva, en primer lugar porque las comisiones tuvieron una apertura en recibirnos a partir de la nota que presentamos y nos escucharon, cada uno con sus posturas. Creo que abordamos todos los temas por los cuales la ley de juicio por jurados que se encuentra vigente actualmente en la provincia de Entre Ríos debe continuar así, no debe tocarse absolutamente nada, excepto el artículo 46 que hablar del tema costos. Pero del resto creo sinceramente, que si los legisladores toman conciencia de todos los argumentos que hoy les dimos de ninguna manera pueden aprobar esta ley”.

Una reforma de estas características

Por su parte, Carla Cusmimano, de Vidaer, opinó: “En principio siempre es positivo que se escuchen todas las voces. Hemos insistido mucho en que estas reuniones deberían haber sido al principio, antes de elaborar un proyecto como este”. También sostuvo que “se han dado, por lo menos del lado de las víctimas, todos los argumentos que tenemos en favor del juicio por jurados y en contra de una reforma de estas características. La parte técnica fue abordada por otras organizaciones que también es muy importante. Siempre es positivo, vamos a ver cuál es el resultado, cómo lo toman los senadores de ambas comisiones y cuál va ser la posición que toman”, y reflexionó: “Pero al menos no va ser con la excusa que no tuvieron los argumentos para poder tomar una decisión”.

La mirada oficial

Tras las posturas de las organizaciones que objetan en proyecto, el coordinador general de la Secretaría de Justicia, Alejandro Weber, expuso la mirada del Gobierno: “Entendemos que esta reforma es necesaria y oportuna porque nos da la posibilidad de adaptar la normativa provincial a estándares constitucionales y convencionales, a las exigencias de la Constitución y tratados internacionales sobre Derechos Humanos”.

También agregó que “en su redacción actual se genera un problema y es que son muchísimas las causas que arriban al sistema de juicio por jurados y eso genera un cuello de botella con poca capacidad de respuesta, lo que genera demoras que afectan dos garantías básicas como es el acceso a la justicia y el plazo razonable”, en tanto “es deber del Estado resolver en tiempo y forma”. (APFDigital)