La causa por enriquecimiento ilícito que echa luz sobre la distinta vara de Fiscalía en causas con visos políticos

Juan José Canosa, abogado, ex funcionario público y actual empleado de la Legislatura, fue escuchado este jueves por la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, en el cierre de la respuesta que realizó junto a su defensor, Miguel Cullen, al pedido de remisión de la causa que lo investiga desde 2014 por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública como secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno y Justicia y Educación, interventor de Líneas Aéreas de Entre Ríos SA, presidente del directorio de Sidecreer SA, y personal no escalafonado de la Cámara de Diputados -asesor legal-, cuando habría incrementado su patrimonio de manera “injustificada y desproporcionada”, según la hipótesis fiscal.

Cullen solicitó la nulidad del hecho, de la remisión a juicio e instó el sobreseimiento. Sostuvo que el hecho que se imputó se formuló a partir de un informe contable que realizó un contador del MPF, desestimando -sin fundamentarlo- la pericia que realizó una perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que con la participación de peritos de parte, arribó a conclusiones opuestas a la del contador de Fiscalía.

El acusado enfrenta un pedido de pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, más las penas de multa por el monto imputado e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa sostuvo que la afectación del derecho de defensa se ve cristalizada, entre otros señalamientos, en la imposibilidad de contar con información que el paso del tiempo hace imposible su producción.

Nuevo informe

La defensa realizó una minuciosa cronología de los distintos pasos del proceso -que lleva más de una década- y pidió que se permita realizar un nuevo informe con los profesionales del STJ, que se realizará con el aporte de puntos de pericia que formulen las partes. Resaltó que no se trata de una “vuelta a foja cero”, sino de una medida para subsanar el informe contable cuestionado porque además de la modificación del monto presuntamente injustificado, se realizó sin el control de parte. Cullen cuestionó que la modificación del monto imputado impide el derecho de defensa. También resaltó que habría una doble imputación de los montos presuntamente sin justificar, como consumos y como inversión en la construcción de la vivienda familiar.  

Recordó que por cuestiones que no se pueden achacar a la defensa, el proceso se fue prolongando y se perdió la posibilidad de contar con evidencia de los consumos de Canosa con tarjeta de crédito y débito con los que se acreditaría que se correspondieron en un alto porcentaje con las obras y compra de materiales para la construcción de la vivienda familiar, de la que minimizó la mirada fastuosa que hizo Fiscalía en la audiencia del miércoles. En este punto destacó que se sacó, sin fundamentos, el período 2007-2008, cuando la inversión fue más dinámica.

No fueron objetivos

Canosa, por su parte, cuestionó que los fiscales que impulsaron la investigación en sus inicios, a partir de la denuncia del ex legislador de la UCR, Raimundo Kisser, -se trata de los ahora jueces del Tribunal de Juicio, Santiago Brugo y Juan Malvasio-, no realizaron una serie de medidas que pidió, como una auditoría a la Mutual 10 de abril, que posteriormente fue intervenida por una serie de irregularidades, con la que, según la acusación, tendría una serie de contratos de mutuo que el acusado niega.

Así, salvando el rol del fiscal Gonzalo Badano que asumió la acusación en el tramo final, sostuvo que Fiscalía no actuó de acuerdo al deber de objetividad que la determina. También recordó que a los tres días de la apertura de la investigación, se presentó y aportó el levantamiento del secreto bancario y fiscal para que los investigadores puedan acceder a toda su información patrimonial. Destacó que nada de lo solicitado en aquel momento se instó desde Fiscalía.

En aquella línea, la defensa también señaló que se minimizó la respuesta de una firma a la que Canosa le habría comprado cuatro terrenos en María Grande y forman parte de la imputación. El acusado presentó evidencia de que la operación nunca se realizó, añadiendo que la situación, incluso, quedó registrada en una Asamblea de la firma.

¿Distinta vara?

Canosa y Cullen hicieron hincapié en la relevancia que tiene en el caso la condición de funcionario que revestía Canosa. En este punto se recordó que el 2018 fue condenado por Negociones incompatibles por un hecho ocurrido durante su paso por el Directorio de Sidecreer, donde aquella condición fue muy debatida y fue determinante en el resultado del proceso.

No obstante aquel resulado, aportaron que en 2019, un pleito entre la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales “Gral. Francisco Pancho Ramírez” (Fedem) y Sidecreer, que se tramitó en el fuero Contencioso Administrativo, concluyó con sentencias en distintas instancias que sostuvieron que la tarjeta de crédito era una firma de orden privado que realiza actos privados y no públicos, y sus litigios debían resolverse en otros fueros.

Canosa aportó que siguiendo el antecedente que dejó su condena, todos los funcionarios y ministros que percibieron doble salario por su rol en el Estado y como integrantes de los distintos directorios de empresas descentralizadas del Estado, también deberían ser investigados, e instó al fiscal, Gonzalo Badano a iniciar una investigación.

Destacó que coincide con la posición que sostiene que pueden hacerlo, pero insistió que la norma debe ser para todos igual y preguntó por qué en su caso sí se lo consideró funcionario y en otros similares, no, y aclaró que no pretende que se investigue a ningún funcionario o ministro por aquella situación, pero añadió “si me toca a mí, le toca a todos por una cuestión de igualdad”. Entendió que no es una cuestión de funcionarios o ministros, sino que es una cuestión “normativa, objetiva” y se consideró “un chivo expiatorio” de una causa política más amplia.

En aquel punto, recordó que su esposa, la funcionaria judicial, Paula Montefiori, que fue sobreseída en la audiencia del martes 28, fue convocada a designar abogado cuando se conoció la noticia de que su pliego –tras los concursos- había ingresado al Senado para su evaluación.

El tiempo

La defensa cuestionó que el paso del tiempo operó en contra de la búsqueda de la verdad. Así, destacó que no se pudo obtener información bancaria de los movimientos financieros de su asistido porque los bancos no guardan aquella información por siempre. También destacó que durante los más de diez años de proceso hubo tres y medio en los que la causa no tuvo movimientos.

No a todo

Fiscalía rechazó todos los pedidos de la defensa, recurrió al fallo que condenó a Canosa para obtener los argumentos para sostener que se concluyó que era funcionario público. Negó que haya una doble imputación de montos destacando que incluso se excluyeron períodos y contratos de mutuo con otras mutuales.

En resumen, el fiscal entendió que los planteos realizados, entre los que estuvo el cuestionamiento recurrente a los peritos del Poder Judicial que realizan informes y pericias informáticas y contables sin –presuntamente-, contar con las competencias que otorga el título y la colegiatura, deben ser debatidos en el juicio. También defendió que la imputación se realizó en base a los mismos hechos y que la diferencia de montos –que la defensa señaló es superior a los que arrojaron las dos hipótesis que plantearon los contadores de Fiscalía- surgen de una valoración distinta de las pericias e informes. (APFDigital)