Enriquecimiento ilícito: Por pedido de las partes, reprogramaron para el lunes 2 la audiencia de admisión de evidencia

Este viernes se conoció la decisión de prorrogar para el lunes 2 a las 9, el inicio de la audiencia en la que realizará la admisión de la evidencia a discutir en el futuro debate y los acuerdos probatorios respecto de los puntos que no se discutirán en el juicio. El legajo investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, y el empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito en el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, cuando Urribarri se desempeñó como primer mandatario y luego como diputado provincial.

En la última audiencia del miércoles 28, cuando el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió remitir el legajo de juicio oral y público, se acordó que la continuidad de la audiencia prevista para el jueves 29, se realizara este viernes. El pedido estribó en la ausencia en Paraná, de uno de los defensores del empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros.

La hipótesis fiscal  sostenida en la formulación del hecho consiste en que Urribarri se valió de Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez, que ya resolvió su situación en un juicio abreviado, para disimular su patrimonio real y gestionar sus fondos y bienes. La acusación presenta la intervención de terceros como como parte del mecanismo que habría permitido ocultar o disimular la titularidad o el destino económico de los fondos y bienes involucrados.

En las última tres audiencias de la alongada remisión, Budasoff escuchó la profusa evidencia que los fiscales, Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, desarrollaron como fundamentos de la solicitud de remisión de la causa a juicio oral y público.

En el mismo sentido prestó atención a los planteos de las defensas, la de Urribarri, en manos de Miguel Cullen, y la de Cardona Herreros, es responsabilidad de Ignacio Díaz y José Velázquez, que cuestionaron la vulneración del derecho de defensa y de debido proceso por indeterminación de la acusación, destacando la diferencia que existiría entre los montos atribuidos en el relato del hecho y los que surgen del informe contable que realizaron peritos de Fiscalía y de las defensas, que arrojaría otros montos. Las defensas pidieron que se realice una nueva pericia con profesionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que fue rechazada. (APFDigital)