Contratos Truchos: Defensa embistió contra la Legislatura y cuestionó que demoró entregar evidencia para ocultar a las autoridades

La apertura de la causa denominada Contratos II que investiga a las autoridades de las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia por la supuesta sustracción de 50.000.000 millones de dólares, según una pericia oficial, de las arcas del Estado en la modalidad de contratos de locación de obra celebrados con personas que solo cedían su nombre a cambio de una ínfima suma del contrato y sin realizar ninguna contraprestación, determinó un nuevo camino para la Causa Contratos Truchos, que investiga a funcionarios de menor rango y particulares.

Los pedidos de reedición de la remisión de la causa a juicio y de unificación de ambos legajos que fueron rechazados, por extemporáneo el primero -se resolvió el año pasado-, y por impertinente el segundo -porque no es la etapa procesal para plantearlo-, expusieron que lo que no se pudo determinar durante los primeros ocho años de investigación, se logró a partir de la apertura de la causa Contratos II. Se trató de las identidades de las autoridades de las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia en el período investigado: En el Senado entre 2008-2018 y en Diputados 2011-2018.

Este miércoles, el defensor Miguel Cullen, que asiste a siete sospechosos y es codefensor de otro,  dijo lo que se viene diciendo por fuera de las audiencias: que las Cámaras no remitieron evidencia que le fue solicitada y tiene relevante importancia para la teoría del caso de algunas defensas que vienen sosteniendo, desde el inicio del expediente, que los contratos son legítimo y que sus asistidos no realizaron las conductas dolosas que se les endilgan porque no tenían ninguna posibilidad de incidir en el derrotero administrativo de los contratos.

Cullen –a pesar del rechazo que resolvió la jueza el martes- adhirió a los planteos de reedición de la remisión a juicio y de unificación de ambos legajos expresando: “Agrego que para esta defensa la resolución de la causa Contratos II toma particular trascendencia porque tenemos interpuesto un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por falta de objetividad del Ministerio Público Fiscal (MPF)” respecto a los contratados que fueron admitidos como testigos.

Cullen cuestionó la “reticencia inexplicable de la Legislatura” en entregar la información que le fue solicitada por Fiscalía y Defensas. En este punto, el defensor dejó a salvo que las dilaciones no fueron responsabilidad de ninguna de las partes que están en el proceso. Cullen sostuvo que las defensas estás “convencidas” de que la documental escamoteada  “existe en la Legislatura y no fue presentada”. Añadió que “tiene que ver con prueba de lo que se imputa, es parte de nuestra teoría la falta absoluta de colaboración de la Legislatura, con el único fin de que se oculte la identidad de los responsables, que no son los que están aquí”.

Cullen pidió que se admita a un testigo que trabajó en la Contaduría General que, según indicó, tuvo en sus manos los informes del Tribunal de Cuentas sobre los contratos auditados, organismo que dejó a salvo de la reticencia informativa, y los diarios y subdiarios de sesión de ambas Cámaras, que probarían que el monto de los contratos era resuelto por la Legislatura cuando se debatía la Ley de Presupuesto y cuando, a pedido de los legisladores, se solicitaba ampliación presupuestaria para hacer frente al aumento de los contratos, trámites que estaban fuera de la órbita de los imputados de acuerdo a la teoría del caso de las defensas.

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, admitió la evidencia, incluso cuando las partes aún no la tienen, poniendo en cabeza de la defensa su producción. “Hágala usted por disposición mía” le expresó al defensor que antes había lamentado que dejaron de insistir cuando desde las Cámaras no se contestó los pedidos de los peritos, y concluyó que la evidencia es “pertinente, la defensa debe hacerlo” y la limitó a los fines estrictos del objeto del proceso.

En la jornada también se discutió acerca de la incorporación de informes de peritos de parte que cuestionaron las periciales de los peritos oficiales. El debate consistió en la manera de introducción de la evidencia en el juicio. Fiscalía resistió que sea como informe pericial contable porque lo que se pretende incorporar no se realizó de acuerdo a las normas que regulan las pericias. La defensa entendió el planteo y en función de que su interés es que la documental se pueda discutir en el juicio, acordó que se la incorpore como pericia contable de experto y se admita al contador que la realizó para que pueda ser interrogado y contrainterrogado.

Similar salida se dispuso con el pedido para que se realice una pericia informática con peritos del STJ  para que se haga un examen de las tareas que realizó el Gabinete Informático del MPF. La defensa ofreció su perito de parte para que presente sus puntos de pericia. Fiscalía se opuso porque lo consideró dilatorio y extemporáneo y entendió que el perito puede concurrir al debate y ser interrogado sobre un informe que ya tiene la defensa en su poder y se acercará a los fiscales.  

Testigos VIP desistidos

Tomás Virgala, que asiste a uno de los imputados vinculado al estudio contable Integral Asesoría, ofreció su evidencia y desistió de cinco testigos. Se trató del fiscal coordinador, Gamal Taleg; del gobernador, Rogelio Frigerio; de Martín Fabre; y de la procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche y su esposo, Sebastián Orlando.

Testigo VIP ofrecidos

Por su parte, Emilio y Germán Fouces terminaron en esta jornada de ofrecer su evidencia. Así, entre el listado de testigos ofrecidos y desistidos se encontraba el nombre del ex gobernador, fallecido, Jorge Busti.

Por su parte, Cullen ofreció como testigos a los ex legisladores José Lauritto, Raúl Taleb, José Cáceres, Adán Bahl,  Aldo Ballestena; y los empleados legislativos Maximiliano Argento, Lautaro Schiavoni, y de Néstor Diez, contador que se desempeñó como Subdirector de Administración del Senado provincial durante la gestión de Lauritto.

Otros testigos

Cullen pidió que se cite a Alejandra Casa, Julio Ivanovich, María Cristina Federik; Carlos Casalongue, Matías Alizegui, Rubén y Micaela Duro, Carlos Moya, Walter Clivio, José Kramer, Alcides Demichelis y Xiomara Orsich Battisti, que constan en un informe del Nuevo Bersa como cobradores “consuetudinarios de cheques”.

El defensor también pidió que se incorpore un sumario que se realizó en la Cámara de Senadores dispuesto por la fallecida Lucila Haidar, a pedido del ex vice gobernador y presidente de la Cámara, Adan Bahl, para dar cuenta de la legalidad o no de los contratos sospechados. BArbagelata admitió la evidencia incorporándola como copia simple del sumario interno, del que las partes acordaron que es copia del original. (APFDigital)