Más de 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras y buscan eliminar los límites

 (Por Cristina Rodríguez para APFDigital)

Un Estado que renuncia a controlar su territorio no amplía la libertad de sus habitantes; comienza a abdicar de su propia existencia. Soberanía, seguridad, recursos naturales, medio ambiente, vivienda, patrimonio público son aspectos sobre los que impacta el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se intenta debatir en el Senado de la Nación.

La adquisición sin límites de tierras rurales ubicadas en zonas de frontera por parte de personas extranjeras de una misma nacionalidad o por empresas vinculadas a un Estado extranjero podría conformar enclaves territoriales, económicos y logísticos con capacidad para controlar recursos naturales, vías de acceso o infraestructura estratégica, afirmó Andrés Gil Domínguez, abogado y especialista en Derecho Constitucional.

En diálogo con APFDigital, remarcó que “la Constitución argentina protege la propiedad privada, pero no convierte al territorio argentino en una mercancía disponible para el mejor postor”.

“Si bien la propiedad es un derecho, la soberanía es una condición de existencia del Estado. Confundirlas deliberadamente supone transformar una garantía constitucional destinada a proteger a las personas en un instrumento para desproteger a la Nación. Un país no pierde su territorio solamente cuando una potencia extranjera lo invade; también comienza a perderlo cuando renuncia a controlar quién adquiere sus tierras estratégicas, quién controla territorialmente el acceso, aprovechamiento y explotación de sus recursos y quién se instala en sus fronteras”.

Además, advirtió sobre el proyecto que impulsa el gobierno nacional que “elimina los límites establecidos por la ley 26.737 del año 2011, el cual fija un máximo del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras y establece restricciones adicionales para personas con una misma nacionalidad, y para un mismo propietario”.

Sobre el tema Matías Oberlin -investigador del Conicet- e integrante del Observatorio de Tierras- también hizo referencia al proyecto del gobierno nacional: “Su finalidad es derogar los artículos principales de la Ley de Tierras. Extranjerización no quiere decir personas que nacieron afuera, vienen a vivir, trabajan y se instalan en nuestro país. Estamos hablando de grandes capitales que se apropian de una porción importantísima de nuestro territorio y la controlan desde afuera”, advirtió.

El gráfico describe 36 departamentos que ya exceden el límite de extranjerización de tierras de 15% fijado por ley a nivel provincial y departamental.

Además, hay cuatro casos de departamentos donde la extranjerización supera el 50%: Lácar en Neuquén; General Lamadrid en La Rioja; y Molinos y San Carlos en Salta.

A su vez, Iguazú en Misiones; Ituzaingó y Berón de Astrada en Corrientes; y Campana en Buenos Aires, superan ampliamente el 30%.

Impacto en la soberanía y recursos

Oberlin reveló que, según los datos oficiales analizados por el Observatorio de Tierras, actualmente existen más de 13 millones de hectáreas rurales bajo control extranjero.

El investigador sostuvo que el mapa interactivo elaborado por el Observatorio muestra que los departamentos con mayor concentración de tierras extranjeras se ubican mayoritariamente en zonas de frontera o en áreas con recursos naturales estratégicos: “Tenemos localidades ubicadas principalmente en las fronteras con Chile, Brasil y Paraguay, sobre la cuenca del Paraná o en zonas ricas de hidrocarburos, minerales críticos y recursos hídricos”.

“El proyecto oficial también elimina disposiciones históricas vinculadas con la protección de las zonas de frontera: después de derogar los artículos centrales de la Ley de Tierras, el proyecto también elimina un artículo de la ley de seguridad de fronteras la cual declara de conveniencia nacional que las tierras fronterizas permanezcan en manos de ciudadanos argentinos”.

En este sentido, remarcó la existencia de un patrón claro y es que en todos los casos se trata de territorios que concentran bienes estratégicos como agua dulce, recursos minerales o ventajas logísticas como puertos.

“Las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas, tanto en el norte como en la cordillera”, acotó.

Desde el Observatorio de Tierras el profesional destacó la participación que tuvieron en distintas instancias de debate público, como por ejemplo el debate de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del senado de la Nación.

También se convocó a la Comisión de Ciencia y Técnica del Senado para debatir sobre el cuarto informe del Observatorio de Tierras, instancia de la que participaron referentes sindicales, sociales, políticos, académicos y religiosos.

En función al cuarto informe destacan que el proyecto, lejos de fortalecer derechos, debilita las capacidades estatales de regulación y abre al territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes. Un giro que favorece una mayor concentración y presión sobre el mercado de tierras impulsando el aumento del valor en zonas de mayor demanda, dificultando el acceso a poblaciones locales y emprendimientos productivos.

Por otra parte, profundiza el acceso a ríos, lagos, nacientes y caminos, afectando tanto el derecho al agua como usos sociales básicos turismo, deporte, esparcimiento.

Oberlin advirtió “una reconfiguración hacia el derecho mismo de la propiedad en Argentina, objetivo que el Poder Ejecutivo Nacional persigue a través del proyecto de ley presentado, el cual debería rechazarse de plano”.

“Se trata de una iniciativa que disminuye las capacidades estatales de intervención frente a situaciones críticas, que pone a la tierra y el agua -los bienes comunes-al servicio de corporaciones y grandes capitales; y que solo va a aumentar la conflictividad social en cada uno de los territorios donde se implemente”, concluyó. (APFDigital)