Contratos Truchos: Sólida resolución ratificó los embargos preventivos sobre la esposa no acusada de un imputado
La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, le dio un fuerte respaldo a la resolución que adoptó la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, que el viernes 3 de julio cuando resolvió hacer lugar de manera parcial a la solicitud que le realizó, en la audiencia del jueves 2, el representante legal de María Alejandra Camissasa -esposa de Jorge De Breuil, imputado en la causa conocida como Contratos Truchos-, y recogió los argumentos de la defensa de la mujer.
Castagno dio a conocer este lunes que hizo lugar, también de manera parcial, al recurso que el abogado defensor de la mujer presentó contra la resolución de Barbagelata. Así, revocó los embargos preventivos sobre sus cuentas bancarias y dispuso mantener el embargo sobre el 50% de los bienes que la apelante tiene en cotitularidad y a título gratuito con su esposo, el imputado Jorge De Breuil, de los cuales se sospecha que fueron adquiridos con el producido ilícito de la Causa Contratos Truchos. Adicionó que la jueza valoró el grado de probabilidad que la etapa requiere respecto de la evidencia y que la medida se sostuvo en que se configura la verosimilitud en el Derecho, que refiere a que se pudo colectar sólida evidencia de cargo.
No obstante el fallo de Barbagelata que morigeró la situación de la mujer, que no será acusada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), ni demandada civilmente por Fiscalía de Estado, la defensa apeló aquella resolución porque entendió que la jueza no valoró en su totalidad los planteos realizados y no fundamentó su resolución. El defensor destacó un sesgo de género en la resolución de Barbagelata, que ella misma desechó y Castagno confirmo su inexistencia. En ambas resoluciones se consignó que la medida se sostuvo porque hay evidencia de cargo que corrobora la hipótesis acusatoria y no porque la apelante “sea la esposa de un imputado”.
La defensa también había cuestionado la legitimidad del MPF para solicitar una medida cautelar de carácter patrimonial en función de un eventual decomiso, señalando que esa prerrogativa era competencia de Fiscalía de Estado (FE) que ya adelantó que no va a demandar por el recupero de los supuestos bienes mal adquiridos, a una persona que no será acusada penalmente.
Castagno, tras analizar si se corroboraban los agravios sostenidos por la defensa, entendió que no fue así y desarrolló puntillosamente, como es su costumbre, cada agravio y cada respuesta de los fiscales. En este sentido fue categórica al afirmar que los planteos fueron resueltos y respondidos en las distintas etapas por las que pasó el pedido; entre los que destacó que hubo acuerdo de partes para que las medidas cautelares se dicten respecto de los bienes y los ingresos a las cuentas bancarias de la mujer que tendría relación con los hechos investigados en el período imputado, y no sobre sus haberes jubilatorios.
Aquel exceso –que constituyó el hecho nuevo sobre el que sostuvo su pedido la defensa-, se atribuyó al Banco Central. Castagno destacó que Barbagelata atendió “de inmediato” la situación en la audiencia del jueves 2 y lo confirmó en la resolución que dio a conocer en la audiencia que se realizó al día siguiente. En el mismo sentido, la vocal de Juicio y Apelaciones, resaltó que la inhibición general de bienes que dispuso Barbagelata en mayo de 2019 fue dictada respetando los “estrictos” recaudos legales, por lo que descartó cualquier “arbitrariedad”. Así, expresó que “no se entiende el agravio” de la defensa, porque agregó que la resolución de su par “dejó vacío” el reclamo, y reiteró que las medidas se adoptaron exclusivamente sobre bienes de los que se tiene suficiente evidencia que pudieron ser adquiridos con el producido ilegal y fueron cedidos en cotitularidad a título gratuito a Camissasa.
Castagno también recordó que, en distintas audiencias, Fiscalía ha sostenido que halló evidencia documental que corroboraría que otros imputados planificaban cómo hacer pasar como legales los fondos con los que De Breuil y Camissasa adquirieron cuatro propiedades en el fideicomiso PH Alsina, donde también hay unidades adquiridas en cotitularidad con otros imputados.
La vocal precisó los alcances de la audiencia, destacando que se trata de medidas cautelares sobre bienes que según las resultas del juicio podría ser objeto de decomiso y no del debate sobre la cuestión de fondo, que es determinar la responsabilidad de funcionarios, ex funcionarios y particulares en el saqueo durante una década –se trata de la comprendida entre 2008-2010-, mediante el uso indebido de contratos de locación de obra en la Cámara de Senadores y de Diputados de la provincia. La hipótesis fiscal es que aquella sustracción de fondos de las arcas públicas se canalizaba a través de inversiones inmobiliarias y ganaderas. (APFDigital)