El fuego avanza y la Ley de Humedales sigue esperando
Por Cristina Rodríguez para APFDigital
Durante las últimas semanas, tanto en el Senado como en la sociedad en general, se debatió la iniciativa del Gobierno nacional para modificar la Ley Nº 26.815, que establece el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Finalmente, el proyecto no prosperó y, por el momento, quedó archivado.
Durante años, el Servicio se consolidó como una estructura fundamental para la prevención y el combate de los incendios forestales. Sin embargo, hacia fines de 2024 perdió capacidad operativa y parte de su estructura al pasar a depender del Ministerio de Seguridad de la Nación y dejar de funcionar como un organismo independiente.
A esto se sumó que, mediante el Decreto Nº 463/2025, se eliminó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, destinado al financiamiento de equipamiento, tareas de prevención y logística específica para enfrentar los incendios.
La reducción de recursos en un área estratégica para la prevención y respuesta ante emergencias vuelve a poner en discusión la capacidad del Estado para anticiparse a los incendios y actuar frente a ellos, especialmente en un contexto de mayor vulnerabilidad ambiental.
El pasado 6 de agosto, senadores y distintos sectores de la sociedad se manifestaron en contra del proyecto oficial, que incluía modificaciones vinculadas a la venta de tierras a extranjeros y al régimen de manejo del fuego. Ambos capítulos debieron ser retirados durante la sesión del Senado ante la falta de votos suficientes para su aprobación.
Mientras tanto, persisten cuestionamientos por la falta de cumplimiento de recursos destinados a distintos sectores, entre ellos la discapacidad, las universidades, la ciencia y la obra pública, en un escenario atravesado por las políticas de reducción del gasto público.
La dimensión ambiental, productiva y social de los incendios
El costo de los incendios no se mide solamente en hectáreas afectadas. También implica pérdidas de biodiversidad, alteraciones de los ecosistemas y consecuencias productivas y sociales que pueden extenderse durante décadas.
En este sentido, preocupa especialmente el debilitamiento de las herramientas destinadas a anticipar y prevenir las catástrofes. Los informes de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios registraron 460 notificaciones menos entre 2023 y 2025, según los datos disponibles.
También se redujeron considerablemente las horas de vuelo, así como la contratación y el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros utilizados para combatir incendios.
A esto se suman los reclamos de distintas provincias por demoras y recortes en el envío de subsidios nacionales destinados, por ley, a las asociaciones locales de bomberos voluntarios.
La prevención y el combate del fuego requieren planificación, recursos y coordinación entre Nación, provincias, municipios y organizaciones especializadas. Cuando esas capacidades se debilitan, aumenta la vulnerabilidad frente a incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar.
La Ley de Humedales, una deuda pendiente
En este contexto, vuelve a cobrar fuerza una discusión que lleva décadas sin resolución: la necesidad de sancionar una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Humedales y garantizar su aplicación efectiva.
Una norma de estas características permitiría establecer criterios generales para ordenar las actividades productivas —entre ellas, la ganadería y el uso del fuego— y, al mismo tiempo, proteger ecosistemas esenciales para el equilibrio ambiental.
También resulta necesario adoptar medidas específicas en el sector forestal que permitan enfrentar escenarios asociados a las variaciones climáticas y a la creciente ocurrencia de incendios de alta intensidad. Esto implica revisar los actuales sistemas de prevención, incorporar el riesgo de incendios a la planificación de las actividades agrícola-ganaderas y fortalecer el control sobre las causas que originan el fuego.
Contar con humedales conservados también contribuye a prevenir incendios y a sostener ambientes saludables. Son ecosistemas que proveen alimentos y agua, albergan una enorme biodiversidad, ayudan a mitigar sequías e inundaciones y almacenan carbono. Por eso resultan fundamentales para las actividades socioeconómicas y para la vida de las personas y de otras especies.
Los humedales son áreas que permanecen inundadas o cuyo suelo se encuentra cubierto de agua durante períodos de tiempo considerables. Las especies que los habitan están adaptadas a esas condiciones ambientales particulares.
En Argentina, estos ecosistemas ocupan aproximadamente el 21% del territorio e incluyen deltas, esteros, bañados, llanuras de inundación de ríos, lagunas, turberas, costas marinas y salares altoandinos.
El Delta del Paraná, los Esteros del Iberá, las costas marinas bonaerense y patagónica y las lagunas altoandinas, entre otros ambientes, cumplen funciones fundamentales: regulan los ciclos hidrológicos y climáticos, aportan alimentos y medicinas, favorecen la nutrición de los suelos, filtran y retienen nutrientes y contaminantes, amortiguan inundaciones, almacenan carbono, controlan la erosión costera y contribuyen a la recarga de los acuíferos.
Por eso, la degradación de los humedales tiene consecuencias directas sobre la vida y las actividades económicas de las regiones que dependen de ellos. La quema, la fragmentación, el relleno, el drenaje, el desvío de cursos de agua, la sobreexplotación y la contaminación reducen progresivamente la capacidad de estos ecosistemas para brindar los servicios de los que depende la sociedad.
¿Por qué Argentina todavía no tiene una Ley de Humedales?
En un contexto de crisis económica y de necesidad de generar divisas a través de las exportaciones, especialmente las agropecuarias, la discusión sobre una ley que regule el uso y la protección de los humedales genera resistencias entre sectores productivos y distintos actores vinculados a las cadenas económicas.
Sin embargo, postergar indefinidamente esta discusión también tiene costos ambientales, sociales y económicos.
Argentina necesita una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Humedales que permita planificar su uso, establecer lineamientos generales y generar herramientas para ordenar las distintas actividades productivas en armonía con la conservación ambiental.
Una legislación de este tipo debería contemplar también políticas de restauración y recuperación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que brindan estos ambientes.
La protección de los humedales no debería ser entendida como un obstáculo para la producción, sino como una condición necesaria para garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
La discusión sigue pendiente. Y mientras tanto, los incendios continúan dejando una señal cada vez más clara: prevenir y cuidar los humedales es también una forma de proteger el futuro. (APFDigital)