Denuncian a Pettovello por el uso de un sindicato intervenido en Concordia para actos de La Libertad Avanza
El episodio fue denunciado por Alcides Camejo, secretario general desplazado del Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes, quien sostiene que la actividad expone el vínculo político detrás del proceso de intervención y cuestiona directamente la actuación de funcionarios que dependen del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Camejo analiza llevar el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras sus abogados preparan un planteo ante la Justicia laboral para pedir la nulidad de la intervención.
Un sindicato tomado por la fuerza
El conflicto se inició el 28 de diciembre, según reveló el portal La Política Online, cuando un grupo encabezado por Iván Amaro tomó la sede del sindicato en Concordia y desplazó a Camejo.
Según la denuncia, los ocupantes rompieron las cerraduras del edificio y avanzaron con el argumento de impulsar la "normalización" de la organización, a partir de una decisión de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu).
El dato que generó especial controversia es el antecedente de Amaro: en 2016 fue condenado a tres años de prisión por el intento de homicidio del exdiputado Alejandro Bahler.
Desde el sector de Camejo sostienen además que la intervención habría contado con respaldo político y que Amaro habría actuado con el aval de Eduardo "Lule" Menem.
Para que el proceso tuviera respaldo institucional, Amaro habría trabajado junto a Eduardo Vidoni, responsable de la Agencia Territorial Concordia de la Secretaría de Trabajo de la Nación, conducida por Julio Cordero.
La foto que complica al Gobierno
La situación tomó otra dimensión cuando Vidoni apareció en un acto partidario realizado dentro de la sede del sindicato intervenido.
El funcionario compartió la actividad con Amaro y con Roque Fleitas, referente de La Libertad Avanza en Entre Ríos. La presencia de banderas partidarias dejó explícito el carácter político del encuentro.
También participaron el diputado nacional Pablo Ansaloni, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura de la Nación, Martín Fernández, y el subsecretario de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio.
Para Camejo, la imagen constituye una prueba clave para cuestionar la supuesta neutralidad del proceso de intervención.
Su planteo apunta a que un funcionario de la Secretaría de Trabajo que intervino institucionalmente en el conflicto terminó participando de una actividad partidaria dentro de la organización que estaba bajo intervención estatal.
Piden que se caiga toda la intervención
A partir de esta situación, los abogados de Camejo preparan un planteo ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para solicitar la nulidad absoluta del proceso.
El argumento es que la intervención podría haber estado atravesada por un "vicio de finalidad": en lugar de responder exclusivamente a una necesidad de normalización sindical, habría existido —según la denuncia— un interés político detrás del desplazamiento de la conducción.
La estrategia judicial también apunta contra los informes, actas e inspecciones realizados por la Agencia Territorial Concordia y utilizados para justificar la intervención ante las autoridades nacionales.
La participación de Vidoni en el acto de La Libertad Avanza, sostienen desde el entorno de Camejo, permitiría cuestionar la imparcialidad con la que fueron elaboradas esas actuaciones administrativas.
Si la Justicia hiciera lugar al planteo, el proceso de intervención podría quedar sin efecto y abrirse la puerta a la restitución de la conducción sindical desplazada.
Una denuncia que puede llegar a la OIT
El caso también podría escalar al plano internacional.
Camejo prepara una presentación ante la OIT para denunciar una presunta vulneración de la libertad sindical y del Convenio 87, que protege la autonomía de las organizaciones de trabajadores frente a la injerencia estatal.
El eje de la denuncia será la participación de funcionarios nacionales en una actividad partidaria desarrollada dentro de un sindicato intervenido por organismos del propio Estado.
El reclamo apunta directamente al Ministerio de Capital Humano: si un funcionario subordinado a la Secretaría de Trabajo participa de un acto de La Libertad Avanza en la sede de una organización bajo intervención estatal, el Gobierno debería explicar, según el planteo de Camejo, cuál fue el límite entre la función administrativa y la actividad partidaria.
La acusación podría convertirse así en un nuevo frente de conflicto para Pettovello y Cordero, esta vez ante un organismo internacional.
El caso pone bajo discusión uno de los límites centrales de la legislación sindical: hasta dónde puede avanzar el Estado sobre una organización gremial sin afectar su autonomía y libertad sindical.
Y la foto de un funcionario nacional participando de un acto partidario dentro de un sindicato intervenido podría convertirse en el elemento que termine de alimentar esa disputa. (APFDigital)