Uno de los denunciantes del ex gobernador Sergio Urribarri exhibió su satisfacción por la resolución de la Corte

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de desestimar los recursos extraordinarios presentados por el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, y Juan Pablo Aguilera, dejó firmes las condenas por delitos de corrupción en la denominada Causa Compleja. El abogado penalista Guillermo Mulet, que inició esta causa penal junto al doctor Rubén Pagliotto en diciembre de 2015, analizó el desenlace judicial y los pormenores de un proceso que se extendió por más de una década.

Mulet explicó que el máximo tribunal nacional aplicó el artículo 280 para rechazar la apertura del recurso, confirmando que la condena es efectiva e inapelable en instancias locales, sin que una eventual presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda suspender su ejecución. Aunque el letrado aclaró que profesionalmente no siente alegría por el encarcelamiento de ninguna persona, destacó un profundo sentimiento de deber cumplido como ciudadano: "Siento una satisfacción en el sentido de decir no nos equivocamos", afirmó a Debate Abierto.

"Cuando todos miraban para otro lado, nosotros denunciamos. La mejor forma de esconder un elefante en la peatonal es poner mil elefantes; acá nadie hacía nada ni veía la corrupción. Un camino de once años marcado por mafias, amenazas y ofrecimientos", enfatizó.

"El camino hasta este fallo definitivo estuvo plagado de hostigamientos y dilaciones institucionales", reseñó.

Mulet rememoró que la denuncia original fue radicada el 22 de diciembre de 2015 por enriquecimiento ilícito. Pocas semanas después, en febrero de 2016, el estudio del doctor Paglioto fue asaltado en lo que describió como un claro mensaje mafioso: "Le revientan el estudio, entran y se llevan papeles y la foto de la hija, ese era el mensaje", argumentó.

A lo largo de los once años de litigio, ambos denunciantes debieron convivir con amenazas de muerte en las rutas y rechazar sistemáticamente intentos de soborno mediante ofrecimientos de dinero y de cargos públicos para que detuvieran la acusación.

Mulet también apuntó contra los tiempos de la justicia entrerriana, señalando que la Procuración General, en aquel entonces bajo la conducción de García, demoró entre tres y cuatro años en imputar formalmente a Urribarri.

Asimismo, recordó el proceso de destitución de la fiscal Goyeneche por ocultar su sociedad comercial con el contador de la causa de los "contratos truchos".

Respecto al cumplimiento efectivo de las penas, el abogado penalista fue categórico en que Urribarri (de 67 años y en buen estado de salud) debe ser alojado en una unidad penal común. Aclaró que el beneficio de la prisión domiciliaria se contempla legalmente a partir de los 70 años o ante enfermedades terminales severas que no puedan ser tratadas en prisión. No obstante, por cuestiones de seguridad física y psíquica, tanto el exmandatario como su cuñado Aguilera (condenado a 6 años y medio de prisión) deberán ser ubicados en pabellones especiales alejados de la población común, bajo un esquema similar al que se aplica con los miembros de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la mayor preocupación de Mulet en lo inmediato radica en la posibilidad de que los condenados evadan la acción de la justicia antes de ser trasladados a la Unidad Penal de Paraná. "Yo por lo pronto lo que haría es tener sumo cuidado en evitar que se profuguen. Cualquiera de ellos podría profugarse. Cruzas por la represa y estás en Uruguay", advirtió, sugiriendo que la Jefatura Departamental de Policía y las autoridades de seguridad provincial deben establecer de inmediato una custodia de extrema inteligencia sobre los involucrados. (APFDigital)