Ley de Glaciares: Denunciaron penalmente a una senadora por presuntos conflictos de intereses

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) presentó una denuncia penal contra la senadora nacional por Salta Flavia Royón, a quien acusa de la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el marco de su desempeño como funcionaria y legisladora nacional. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal y solicita la apertura de una investigación federal, precisó Parlamentario.

Según el escrito, firmado por el presidente de la entidad, Enrique Viale, y patrocinado por varios abogados de la organización, Royón habría incurrido en conductas tipificadas en los artículos 256, 256 bis y 265 del Código Penal, referidas a negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho. La imputación, aclaran los denunciantes, no se dirige contra sus opiniones legislativas —protegidas por el artículo 68 de la Constitución Nacional— sino contra su actuación vinculada a intereses privados del sector minero.

La denuncia reconstruye la trayectoria de Royón en los últimos años, destacando que ocupó cargos clave en el área energética y minera tanto a nivel provincial como nacional. Fue secretaria de Minería y Energía de Salta, luego secretaria de Energía de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, más tarde secretaria de Minería bajo la presidencia de Javier Milei y, posteriormente, secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio. Desde diciembre de 2025, se desempeña como senadora nacional.

De acuerdo con el planteo, en paralelo a esa carrera pública, Royón habría mantenido —o desarrollado— vínculos societarios y profesionales con empresas privadas del sector minero, en particular con la firma Zelandez, dedicada a la prestación de servicios tecnológicos e hidrogeológicos para proyectos de litio y otros minerales, y con la consultora Minenco SAS. La denuncia sostiene que integró el directorio de Zelandez y tuvo un rol relevante en Minenco, empresas que asesoran a compañías mineras con proyectos en zonas alcanzadas por la legislación ambiental.

El núcleo de la acusación se concentra en la actuación de la senadora durante el tratamiento y la votación del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Según los denunciantes, Royón impulsó activamente la reforma y votó a favor de la iniciativa sin excusarse, a pesar de que la modificación beneficiaría de manera directa o indirecta a empresas que son clientas de las firmas con las que ella estaría vinculada.

Entre los proyectos mencionados se encuentran emprendimientos de litio y cobre en Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, impulsados por grandes compañías internacionales. La presentación subraya que varios de estos desarrollos se ven actualmente limitados por la ley de glaciares vigente y que la reforma permitiría flexibilizar las restricciones en ambientes periglaciares, habilitando nuevas etapas de explotación.

La denuncia hace especial hincapié en un aspecto técnico del proyecto aprobado por el Congreso, que habilita la exclusión de determinadas geoformas del régimen de protección cuando estudios “técnico-científicos” concluyan que no cumplen funciones hídricas relevantes. Según los denunciantes, ese tipo de estudios coincidiría exactamente con los servicios que presta Zelandez, lo que configuraría un interés económico directo en el nuevo marco normativo.

Además, se plantea que Royón habría incumplido la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), que prohíbe a los funcionarios intervenir en asuntos en los que tengan intereses personales o vínculos recientes, y exige períodos de abstención o carencia. En ese sentido, la presentación remarca que la legisladora no se excusó del debate ni de la votación, pese a su cercanía temporal con cargos en el sector privado.

La Asociación también cuestiona una presunta omisión o irregularidad en la presentación de la declaración jurada patrimonial integral, obligación legal de los senadores nacionales. Según la denuncia, no surge de los registros públicos que Royón haya cumplido con todas las instancias formales exigidas por la normativa vigente, lo que refuerza —a criterio de los denunciantes— la sospecha de vínculos económicos no transparentados.

En el tramo final, el escrito solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a organismos públicos, requerimientos a registros societarios, informes a la AFIP y al Senado, y allanamientos en sedes de las empresas mencionadas. La entidad reclama que se instruya el sumario correspondiente y se investigue la eventual existencia de un concurso de delitos contra la administración pública.

La presentación quedó ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar la admisibilidad de la denuncia y resolver si corresponde avanzar con la investigación. (APFDigital)