Causa Contratos Truchos: El miércoles se conocerán las respuestas a los planteos y se definirá la remisión a juicio

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) notificó a las partes de la continuidad este miércoles 1º de julio de la audiencia de remisión a juicio que se realiza ante la jueza de Garantías Nº 1, Marina Barbagelata, de la causa que investiga el presunto desfalco a las arcas del Estado por más de 50.000.000 dólares mediante la celebración de contratos de locación de obra en las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia, durante la década comprendida entre 2008 y 2018, en la Cámara Alta, y en el período 2011-2018 en la Baja. La diferencia es porque falta documental contable del período 2007-2011 en Diputados.  La audiencia comenzará a las 9 en el    salón de audiencias Nº 1.

Desde OGA también se notificó que “en virtud del pedido de levantamiento de restricciones patrimoniales deducido por. Hugo González Elías, fijase audiencia para su tratamiento por ante la misma magistrada, para el jueves 2 de julio de 2026 a las 9,    en el    salón de audiencias Nº 1”.       

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Desde el miércoles 1 de julio la causa que puso en jaque a sistema político provincial y en especial al peronismo, entra en etapa de definiciones. La importancia de la audiencia consiste en que se conocerá qué posición adoptará la magistrada respecto de los numerosos, complejos y sólidos planteos de las defensas de los 18 imputados que quedan sometidos a proceso –si es que no se presentan nuevos pedidos de salidas alternativas al juicio oral y público- de los 32 que comenzaron a ser investigados en octubre de 2018.

El contexto en el que se realizará la audiencia está impregnado del anuncio de la apertura de la denominada Causa Contratos II, que apunta la investigación a las autoridades de ambas Cámaras en los períodos correspondientes a cada una. Si bien la jueza rechazó el pedido de las defensas de unificar ambos legajos y realizar un único debate, el tema parece no haber quedado ocluido a juzgar por la insistencia de las defensas.

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La reducción de 32 sospechosos a 18 imputados se explica porque 12 accedieron a la Suspensión del juicio a prueba o Probation. Uno, Esteban Scialocomo, acordó una condena condicional mediante un juicio abreviado, el pago de una multa de 90.000 pesos y una reparación del daño valuada en 6.000.000 pesos. Otro, el contador Gustavo Falco, fue sobreseído.

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Los 18

Los 18 imputados que permanecen en la causa e irían a debate por distintos roles, de acuerdo al papel que les atribuye Fiscalía dentro de la presunta organización, son Flavia Marcela Beckman y su pareja, Hugo Mena; Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera –que ya tiene una condena en la causa en que se condenó al ex gobernador, Sergio Urribarri, y al ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, por cinco hechos de corrupción-, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.

Fiscalía sostiene su hipótesis en que existió una estructura con varios niveles: Funcionarios de la Legislatura, que habrían autorizado y administrado los contratos; contadores y estudios contables -se destaca el estudio Asesoría Integral- que habrían organizado la documentación y el movimiento del dinero; auditores del Tribunal de Cuentas, a quienes se les atribuye no haber detectado o haber permitido la continuidad de las irregularidades por amistad o cercanía con empleados de la Legislatura que les cedían las muestras de contratos a auditar; y operadores externos, que habrían conseguido prestanombres, gestionado endosos de cheques y distribuido fondos.

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Las defensas han planteado numerosas objeciones desde los primeros momentos de la investigación hasta las últimas audiencias antes del cuarto intermedio, que se reanudará mañana, ocasiones en las que fundamentaron porqué se deberían unificar ambos legajos y dirimir todas las responsabilidades –de los empleados de la legislatura y los particulares como así también la de las autoridades de ambas Cámaras- en un solo debate. En este punto destacaron que –en caso de una sentencia condenatoria- se podría incurrir en el escándalo jurídico de condenar a “perejiles” con duras penas de cumplimiento efectivo por delitos dolosos, mientras que los responsables políticos responderían por delitos culposos o negligentes, que conllevan penas de ejecución condicional. (APFDigital)