Reforma previsional: "La Caja no se salva ajustando a los más débiles sino con transparencia”, señaló UCR Activa
Comunicado completo de UCR Activa
ANTES DE AJUSTAR: TRANSPARENTAR Y FINANCIAR
Una política de estado
La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos no puede ser tratada como una urgencia fiscal ni como una variable de ajuste, sino como una política de estado porque lo que se decida hoy marcará durante décadas la vida de trabajadores, jubilados y pensionados. Por eso, cualquier modificación del sistema previsional no puede surgir de lineamientos cambiantes, reuniones reservadas ni presiones políticas.
El Estado tiene obligaciones
La Ley 8732 obliga a que, si los fondos no alcanzan, la Provincia y las municipalidades adheridas cubran el déficit en la proporción en que lo originan, y que la Provincia transfiera mensualmente lo necesario para pagar las prestaciones. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es cuánto recortar, sino: ¿qué es lo que no se está cumpliendo y por qué?
La “sustentabilidad” es una obligación del Estado, no una excusa para bajar haberes o endurecer condiciones jubilatorias.
El antecedente IOSPER
Es notable el paralelismo -en el manejo que hace el Gobierno provincial- entre la Caja de Jubilaciones con el IOSPER: primero el Estado desfinancia o incumple, y luego usa esa crisis como argumento para avanzar sobre derechos.
Lo que no se hizo
La Provincia pretende ajustar sin agotar las vías de financiamiento menos lesivas. No reclamó la totalidad de las compensaciones previsionales que la Nación adeudaba y aceptó una solución parcial, dejando pendiente una parte sustancial del reclamo.
El Gobierno no hizo ni hace todo lo que debe hacer, por lo tanto, es una falacia cualquier intento de presentar el ajuste como inevitable.
El caso ENERSA
Uno de los agujeros históricos más notorios del sistema es la ENERSA. El propio gobierno reconoció públicamente que la incorporación de sus trabajadores al régimen provincial podría representar alrededor de 1.200 millones de pesos por mes, 15.000 millones al año y más de 300.000 millones acumulados en veinte años. A eso se suma que la Caja paga beneficios a alrededor de 800 jubilados del sector mientras que al sistema provincial aportan apenas 28.
El agujero de la ineficiencia crónica
Sólo en el rubro energético podrían incorporarse unos 1.700 aportantes más a la Caja, entre ENERSA, cooperativas eléctricas y empresas tercerizadas vinculadas al servicio, todos con salarios relativamente altos y sin una ola inmediata de jubilaciones. ¿Por qué no lo hacen? Lo mismo sucede con SIDECREER, BERSA y otros. La incorporación de estos sectores vinculados al Estado podrían dar oxígeno financiero al sistema.
El debate con los entrerrianos
El gobierno debe convocar a audiencias públicas y abrir un proceso real de participación ciudadana. Un tema que atraviesa a toda la sociedad y que afectará de manera irreversible a los entrerrianos no puede resolverse entre pocos funcionarios, gremios afines y legisladores dispuestos a acompañar sin exigir toda la información necesaria. Jubilados, trabajadores, especialistas, universidades, organizaciones sociales y la ciudadanía deben debatir públicamente la mejor salida posible con el menor daño posible, no como una formalidad, sino como una condición de legitimidad democrática.
Límites innegociables
En ese debate no se puede tocar el haber inicial ni, sobre todo, la movilidad sin provocar una baja real sustancial en los ingresos jubilatorios.
Hoy, una vez determinado el haber inicial, éste acompaña el aumento real del trabajador activo. Reemplazar ese criterio por un índice similar al de la ANSES, desligado de la mejora efectiva del salario y sujeto, en los hechos, a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Eso implica licuar progresivamente el ingreso del jubilado, lo que encuentra límites en la jurisprudencia previsional y en criterios constitucionales frente a fórmulas regresivas.
La verdadera salida
La discusión no puede quedar encerrada en una falsa alternativa entre conservar todo como está o aceptar resignadamente un ajuste. La pregunta correcta es otra: ¿cómo sostenemos el sistema actual y lo hacemos viable sin quitar derechos ni poner en juego la dignidad de los jubilados y pensionados? La Caja no se salva ajustando a los más débiles. Se sostiene con transparencia, responsabilidad estatal, financiamiento serio y una decisión democrática de fondo: que Entre Ríos discuta su futuro previsional de cara a la sociedad y no entre cuatro paredes. (APFDigital)